La Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, fue modificada en la Gaceta Oficial 42.880, a través de la cual, se anunció una reducción de la alícuota que las empresas deberán pagar al Estado.

Bajo el decreto 4952, fechado el pasado jueves 16 de mayo de 2024, la cuota de contribución será del 9 % del total de los pagos realizados a los trabajadores, y no del 15 % como originalmente se había difundido, y según consta en el artículo 7 de la citada ley.

Esta sería el primer cambio que el Ejecutivo Nacional realiza a esta legislación a solo nueve días de su entrada al parlamento, reseñó El Carabobeño.

El contenido del decreto exonera, por un año, tal como señala su artículo cuarto, a los emprendedores que se encuentren debidamente registrados en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

“El plazo máximo de duración del beneficio de exoneración establecido en este Decreto será de un (1) año, contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial”, se lee en el documento.

Vale recordar que esta medida fue solicitada por Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo, el Día del Trabajador en el que se cumplieron dos años sin que el gobernante anunciara un aumento de sueldo.

A la normativa se le dio urgencia parlamentaria y estableció que todas las empresas del sector privado deberán transferir mensualmente hasta 15 % del total de su nómina a un fondo especial para financiar las pensiones.

La decisión del porcentaje a pagar por los privados era un aspecto crucial en la discusión de la normativa, pues este impuesto se sumará a la gran presión tributaria que recae en el sector privado. La medida se convierte en un peso más que el sector debe cargar ante la alta informalidad laboral y comercial en el país.

Vale recordar que, este cambio realizado en la cifra de contribución de las empresas viene tras la solicitud de Fedecámaras, quienes propusieron que el porcentaje se llevara a 6 %, considerando la crisis económica y laboral que atraviesa el sector privado.

“Una situación así no resulta sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores”, señalaba un comunicado remitido a la Asamblea Nacional (AN) por Fedecámaras el día lunes 6 de mayo.

En el texto también pedía que la Ley de Pensiones tenga un tope máximo para la base del aporte (en lugar de un mínimo), para que no se castiguen los esfuerzos de las empresas que mejor pagan, por lo que planteó el importe equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo.

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