Los ciudadanos en Uruguay no lograron entregar la mayoría de votos a un solo candidato presidencial, lo que dará paso a una segunda vuelta. En lo que sí coincidieron fue en rechazar una reforma pensional, que se puso a consideración de los sufragantes en forma de plebiscito.

Dos iniciativas vinculantes habrían reducido la edad de jubilación en cinco años y aumentado las mesadas, así como aumentado los poderes de la Policía para luchar contra el crimen relacionado con las drogas.

El cambio en el sistema de pensiones privadas del país buscaba revertir la reforma que implementó el Gobierno de Luis Lacalle Pou en 2022, que elevó la edad de jubilación de 60 a 65 años.

La modificación había sido propuesta por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores y necesitaba el 50% de los votos para salir adelante.

Según las encuestas a boca de urna, dadas a conocer por las firmas locales Cifra y Equipos Consultores, el 61% de los votantes rechazó la propuesta, frente al 39% que votó a favor del cambio en el sistema de pensiones.

El proyecto habría costado unos 22.500 millones de dólares y la perspectiva de que fuera aprobado había generado nerviosismo en los mercados locales en los últimos meses.

Concretamente, la propuesta era eliminar los planes de pensiones privadas y pasar a un modelo público, lo que según los analistas habría generado una mayor carga de deuda sobre el Estado y crearía complejidades legales en torno a la transferencia de los fondos de pensiones.

De paso, habría puesto en riesgo la calificación crediticia de grado de inversión del país de 3,4 millones de habitantes, de acuerdo con expertos en el tema.