Por José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz Mendoza

En el debate de la revalorización de las pensiones se están mezclando dos cuestiones que habría que tratar por separado. Por un lado, la sostenibilidad de las pensiones que es un problema estructural aun no resuelto y, por otro lado, la revalorización de las pensiones por el IPC en un momento tan excepcional como el actual, con la inflación disparada. El primero va a requerir una reforma en profundidad de nuestro sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva realidad demográfica. El segundo hay que analizando ateniendo a la excepcionalidad del momento.

Nadie pone en duda que el sistema de pensiones debe evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Esta es una buena propiedad de todo sistema de pensiones, proporcionar una renta vitalicia. No obstante, en una situación económica tan excepcional como la que estamos atravesando, donde la economía aun sin haberse recuperado de los efectos de la pandemia, está siendo golpeada por una subida de los precios de la energía, generada por la guerra de Ucrania, es necesario que el sistema cuente con válvulas de escape que permitan repartir la revalorización de las pensiones en varios años. Esta recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo se está pidiendo también a los trabajadores, para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación y, en consecuencia, se debería exigir a los jubilados con pensiones más altas. La inflación media del año 2022 es excepcional, una tasa superior al 8,5% no se había visto en España desde el año 1983. Es decir, en situaciones económicas “normales” donde la tasa de inflación permanezca estable, todas las pensiones deben revalorizarse teniendo en cuenta el coste de la vida. Es evidente que no hacerlo así pondría en jaque la contributividad del sistema de pensiones, que es una de las características de nuestro sistema de pensiones, defendido incluso en la propia Constitución Española. Por lo tanto, nuestra propuesta debe entenderse únicamente en el contexto actual de dificultad económica, con una delicada situación fiscal y donde se está exigiendo un Pacto de Rentas a todos los trabajadores como herramienta clave para evitar que los efectos de segunda ronda sitúen fuera de control la subida de los precios.

El nuevo mecanismo de revalorización, aprobado en 2021, es inapropiado para la situación económica actual En nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones aprobado en la reforma de 2021 establece que, a partir de 2022, el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. Este nuevo mecanismo se aprobó pensando en un escenario de estabilidad de precios similar al experimentado hasta el año 2021. Solo así se explica que el mecanismo sea asimétrico en el sentido de que, si un año cae el IPC (i.e. entramos en deflación), las pensiones quedarán inalteradas. Esta asimetría puede tener poco impacto cuando los precios crecen a una tasa estable, pero en situaciones como la actual, donde la inflación se ha disparado, el impacto puede ser muy grande.

Otra prueba de que no se pensaba que la inflación llegaría a los niveles actuales cuando se diseñó el mecanismo es que, en el año 2022, al aplicarse por primera vez, las pensiones se 2 subieron por encima de lo que establecía la Ley. Es decir, aplicando la ley, dado que inflación media a noviembre de 2021 fue del 2,5%, esa debió ser la subida. Pero, en el año 2022, las pensiones subieron un 4,1%. A la subida programada por el nuevo mecanismo le subieron un 1,6% adicional para compensar que la subida en 2021 había sido inferior a la inflación. Esto no estaba contemplado en la nueva ley recién aprobada. ¿Hubieran subido un 1,6% adicional las pensiones en 2022 si hubieran sabido que la inflación se iba a situar cerca del 10%? En este sentido, siendo loable el objetivo de proteger a las pensiones frente a la pérdida de poder adquisitivo, se debería reformular el nuevo Mecanismo de Revalorización de las pensiones en dos dimensiones: i) debe ser simétrico, es decir, tener en cuenta no solo la subida de los precios, sino también la caída de los precios; y ii) el sistema debe contar con válvulas de escape para situaciones donde la inflación está disparada y una subida automática de todas las pensiones puede ser dañina para la economía. El mecanismo, en situaciones excepcionales como la actual, deber establecer que la revalorización sea gradual, en el sentido de que las pensiones por encima de un determinado umbral, entren en el Pacto de Rentas, y al igual que se les pide a los salarios, no recuperen el poder adquisitivo de golpe, sino espaciado en el tiempo.

Si la política de revalorización de las pensiones entra en el Pacto de Rentas se evitaría, entre otras cosas, subir las bases máximas con la inflación. Subir las bases máximas lo mismo que ha subido el IPC es contraproducente cuando te enfrentas al shock de oferta ocasionado por la subida de los precios de la energía y quieres evitar los efectos de segunda ronda sobre la inflación. Si las pensiones máximas, entran en el Pacto de Rentas y suben lo mismo que los salarios públicos, es decir, un 2,5%, las bases máximas solo tendrían que subir por esa cantidad.

Una subida de las bases máximas del 8,5% en la situación actual va en contra del Pacto de Rentas, al elevar el coste salarial en los salarios altos, obligando a las empresas que los contratan a subir precios para cubrir el aumento de costes, con el efecto pernicioso sobre la inflación.

Fuente @Documentos fedea