Por Víctor Gómez

En toda discusión sobre pensiones debe prevalecer el principio de sostenibilidad financiera pues es la única forma en que se garantiza una asignación equitativa de riesgo para las personas pensionadas hoy y aquellas que se pensionarán en el futuro. La administración de las pensiones a cargo del gobierno federal y otros organismos públicos ha cobrado enorme relevancia en el debate público de manera reciente. A nivel nacional existen esquemas muy diversos de pensiones, por lo cual me centraré en las que corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para simplificar el análisis.

México atraviesa un periodo de transición entre sistemas que enfrentan diversos retos de gestión y, sobre todo, sobre las expectativas que tiene la población trabajadora en torno a los beneficios asociados a su retiro. El episodio de transición ocurre porque están vigentes dos regímenes de pensiones. Primero está el que aplica para las personas trabajadoras que al momento de comenzar su vida laboral eran elegibles para retirarse de acuerdo con la ley de 1973, población que irá disminuyendo hasta agotarse. Después está el sistema que aplica para las personas que iniciaron su labor profesional después de la aprobación de la reforma al sistema de pensiones del IMSS de 1997. Como resultado, hay personas retiradas que tienen derecho a una pensión bajo la ley del IMSS de 1973 y otras que se rigen por la ley de 1997.

Fuente Centro de Investigación en Política Pública