Carmen Aránguiz tiene 71 años y está buscando trabajo. Aunque se jubiló en 2010, su pensión es tan baja que sigue alternando labores esporádicas para aumentar sus ingresos. Como ella, miles de pensionados chilenos viven una vejez lejos de la soñada, fruto de un sistema previsional muy criticado.

El mes pasado, la pensión promedia pagada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las empresas privadas que gestionan las pensiones de los chilenos, fue de 221 dólares para las mujeres y de 384 dólares para los hombres.

Tras más de 20 años cotizando como asistente y docente de un centro educativo de Peñalolén, municipio periférico de Santiago, esta activa anciana ya lleva casi una década alternando trabajos de cuidado de niños en sus supuestos “años dorados”.

Con las protestas que han copado las calles de la capital chilena desde el pasado 18 de octubre, Aránguiz perdió parte de sus ingresos y ahora espera que en marzo, con el inicio de un nuevo curso en el país, le vuelva a sonar el teléfono.

El estallido social en Chile, en el marco de la crisis más importante desde el retorno a la democracia en 1990, ha hecho de la reforma del sistema de pensiones una de sus máximas reivindicaciones, que ya llevaba años siendo motivo de debate.

Un modelo cuestionado Cualquier trabajador en Chile está obligado a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo de pensiones personal, de ahorro individual, del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por una de las siete AFP.

Dichas empresas privadas invierten en el mercado de capitales para rentabilizar sus fondos, con los que obtienen unos beneficios millonarios: entre enero y septiembre de este año, sus utilidades sumaron 511 millones de dólares.

La participación del Estado en este modelo es a través del llamado Pilar Solidario, un aporte complementario para las personas que no han podido acceder a una pensión y las que reciben jubilaciones más bajas.

Leer más@El Sol