El último estudio del economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, sigue dando que hablar.

Todo comenzó el 28 de noviembre, cuando fue invitado a exponer a un seminario de la Asociación de AFP. En esa ocasión, Bravo -presidente de la última comisión asesora presidencial en materia de pensiones (en Bachelet II)- compartió las conclusiones de su más reciente estudio “Tasas de Reemplazo: nuevos hallazgos para las reformas de pensiones”.

En su análisis, el economista concluyó que las tasas de reemplazo que se utilizaban en el marco del estudio de política pública de los gobiernos para las reformas de pensiones estaban subestimadas dado que, a su juicio, se debe considerar el historial completo de cotizaciones y no el cálculo con la última remuneración o el promedio de los últimos 10 años.

Así, determinó que las tasas de reemplazo, incluso para las pensiones autofinanciadas, eran mayor a las oficiales -que por ejemplo, se utilizaron para el proyecto de ley de reforma al sistema previsional que se ingresó en noviembre de 2022 al Congreso- y que, si se considera el componente solidario (Pensión Garantizada Universal, PGU), en el caso de los hombres alcanzan el 100% y en las mujeres el 80%, según sus cálculos.

Junto con exponer sus principales hallazgos, también reveló un dato clave sobre la metodología: para realizar el estudio había utilizado datos innominados y aleatorios de seis de las siete AFP de la industria.

Según comentó el economista, optó por ese camino tras una serie de intentos fallidos de solicitudes de información a la Superintendencia de Pensiones.

Los días posteriores a su presentación, se generaron críticas a su análisis, principalmente de economistas ligados a la centro-izquierda.

Acciones de supervisión

Pero además del debate que se gestó sobre cuál es la metodología más correcta para medir las tasas de reemplazo en el sistema de pensiones, también el informe de Bravo desencadenó acciones de supervisión por parte de la Superintendencia de Pensiones.

Con el antecedente que dio a conocer el economista de que había realizado el estudio con datos de las AFP, el 30 de noviembre la Superintendencia ofició a las administradoras de fondos de pensiones que habían entregado datos para el análisis.

Así, en su rol de fiscalización, el regulador les pidió entregar una serie de informaciones respecto del proceso de entrega de los datos.

La primera, según el documento al que tuvo acceso DF, apunta a qué tipo de información fue proporcionada por las AFP para la elaboración del estudio. Asimismo, el regulador solicitó informar el proceso de entrega de la información, vale decir emisor, receptor y mecanismo de la transferencia.

Además, pidió precisar si la información hubiera incluido datos como RUN, nombres, apellidos o algún tipo de elemento identificatorio. Junto con ello, la Superintendencia también exigió a las AFP informar las medidas adoptadas para asegurar el anonimato de la información y su seguridad.

Otro aspecto que exigió fue que reportaran los “mecanismos adoptados para cumplir con las disposiciones de la Ley N°19.628 sobre protección de datos personales”.

Muestreo aleatorio

Bravo reveló que para realizar su estudio ocupó una muestra aleatoria del 15% de los afiliados de las AFP.

Respecto a la metodología, la Superintendencia pidió que la respuesta de cada administradora de fondos de pensiones contenga el número de afiliados que fueron incluidos en la muestra; el detalle de los campos informados; las características detalladas de la población que se incluyó y que se excluyó; y la metodología de muestreo que fue aplicada.

Finalmente, el regulador también instruyó que se incluyan los archivos de información que fueron disponibilizados para el estudio, en caso de corresponder.

Uno de los aspectos que el regulador pidió a las AFP fue reportar los mecanismos adoptados para cumplir con las disposiciones de la ley sobre protección de datos personales.

Estudio del gobierno

El debate en torno a la medición de las tasas de reemplazo se da en medio del trabajo que están realizando los economistas Paula Benavides y Rodrigo Vergara, a quienes el Gobierno encargó en septiembre, realizar junto a los equipos técnicos de la DIPRES y la Superintendencia de Pensiones, un estudio respecto de las tasas de reemplazo en el marco de la discusión de la reforma previsional.

Ese trabajo está siendo coordinado por el economista y asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Cristóbal Huneeus y se espera concluya prontamente.

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