Por Enrique Díaz-Infante Chapa

Las pensiones son un componente esencial en la discusión sobre movilidad social, porque permiten que las personas gocen de una vejez digna y ayudan a contener la pérdida de bienestar socioeconómico en esa etapa de la vida. Además, el ahorro para el retiro acumulado en las AFORE impulsa la inversión y el crecimiento del país, con la consecuente generación de empleos. Sin embargo, en ausencia de una reforma fiscal, el pago de pensiones pagadas con recursos públicos representa un alto costo de oportunidad con impactos negativos en movilidad social.

Somos una población que está envejeciendo, que demanda recursos crecientes para su mantenimiento y que tiene una expectativa mayor de vida. Cada vez es menor el número de personas en edad laboral y mayor el de retiradas. Para 2050, las mujeres vivirán 86 años y los hombres 82, según la CONAPO.

El cambio demográfico representa un reto para el sistema de pensiones del país, que enfrenta problemas de sostenibilidad, inequidad y fragmentación. Además, hay baja tasa de reemplazo y de cobertura que se han buscado resolver por la actual administración, aunque sin una reforma fiscal que haga sostenible al sistema, lo cual pudiera perjudicar la movilidad social si continúa la tendencia de recortar gastos a salud, educación e infraestructura para pagar pensiones.

Fuente @Centro de Estudios Espinosa Yglesias