Por: Barba Solano & Carlos

Desde hace más de dos décadas la cuestión social en América Latina se ha desplazado de la protección social a los asalariados1 hacia la reducción de la pobreza. La idea dominante, en un contexto marcado por el auge de un modelo de libre mercado, ha sido que la mejor manera de producir el bienestar social es lograr que las economías nacionales sean competitivas y consigan altas tasas de crecimiento, porque esto genera abundantes oportunidades laborales y de ingreso, que pueden ser aprovechadas por cualquiera que cuente con una suficiente dotación de capital humano. Por ello, se prescribe que la acción estatal en el campo de la distribución del bienestar debe limitarse a apoyar a los más pobres para que sean capaces de aprovechar esas oportunidades, ya que sólo éstos no son aptos para generar su
propio bienestar2.

Durante estos veinte años, la mayoría de los gobiernos de América Latina han impulsado la desregulación y flexibilización de los mercados laborales; favorecido la reducción de costos salariales y la precarización de los contratos colectivos de trabajo; apoyado la remercantilización de la cobertura de riesgos sociales, creando cuasi mercados de seguros privados; traspasando la administración de fondos pensiones a instituciones privadas, descentralizado los sistemas educativo y de salud pública; y realizado esfuerzos significativos, en el campo de la asistencia social, para desarrollar programas sociales focalizados (CEPAL, 2009).

Fuente: @CLACSO