Por FIAP

Algunos sectores políticos de varios países de América Latina han propuesto reformas a los sistemas de pensiones que pretenden reinstalar o fortalecer sistemas de reparto o acumulación colectiva de fondos, con beneficios definidos y administración pública centralizada, con el fin de debilitar o eliminar los sistemas de capitalización individual.

Incluso, se ha planteado la expropiación de los fondos de pensiones de los trabajadores. Este estudio presenta evidencia amplia y contundente, basada en las experiencias de los sistemas de pensiones de nuestra región y también de otras partes del mundo, de que este tipo de reformas, que han fracasado en el pasado, tendrían impactos fuertemente negativos sobre los sistemas de pensiones, la economía y las personas y sus familias.

Es urgente detenerlas, pues lejos de lo que prometen, no aportan a la mejora de las pensiones en el largo plazo, por el contrario, generan menores montos de pensión y mayor inseguridad entre los trabajadores. La experiencia de expropiación de los fondos de pensiones en Argentina ha sido nefasta para los trabajadores que aportan al sistema contributivo, pues perdieron la propiedad de sus ahorros a cambio de una mera promesa de pago de pensión en el futuro, inferior a la que se proyectaba en el sistema de capitalización individual.

Según economistas de FIEL1 , la nacionalización fue innecesaria, populista y tendrá fuertes impactos negativos sobre el sistema de pensiones. Fue innecesaria, porque se promovió bajo el argumento de la caída en el valor de los activos administrados a causa de la crisis financiera internacional, en circunstancias que dicha caída fue explicada por la pérdida de valor de los títulos públicos argentinos y de las acciones de empresas locales. Tampoco se justificó por los déficits fiscales de transición generados por la creación del sistema de capitalización individual, ya que en el periodo de funcionamiento del sistema los déficits se fueron reduciendo, liberando recursos fiscales para otros destinos de política pública.

Fue populista, porque se utilizó como una forma de obtener recursos adicionales para financiar “moratorias” generosas, que permitieron a personas acceder a pensiones sin haber cumplido con los aportes requeridos, hipotecando la situación financiera futura del sistema de pensiones. Además, la nacionalización deterioró la transparencia en la gestión de los fondos de pensiones, politizó las decisiones de inversión, concediendo préstamos subsidiados y de dudosa cobrabilidad, desvalorizó los fondos y disminuyó los retornos de las inversiones.

Las propuestas de reinstalar o fortalecer sistemas de pensiones de reparto o ahorro colectivo, administración pública centralizada y beneficios definidos, implican en el fondo traspasar el poder que tienen actualmente las personas afiliadas al sistema para tomar ciertas decisiones individuales a los políticos que están en el gobierno y el poder legislativo. Los afiliados pierden sus derechos de propiedad, de modo que ya no disponen de sus ahorros para financiar sus pensiones, retiros o dejar herencia en caso de que no existan beneficiarios de pensiones de sobrevivencia. Tampoco pueden elegir quién les administra sus ahorros. Son los poderes ejecutivo y legislativo los que decidirán el destino de los fondos colectivos acumulados, los beneficios que se entregarán y la forma en que se distribuirán al interior de una generación o entre generaciones. Este tipo de reformas va en contra de la mayor conciencia y valoración de la propiedad individual de los ahorros por parte de los afiliados de los sistemas de pensiones, que están mostrando diversas encuestas en distintos países.

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