Por J. Castrillón

Existen dos etapas dentro del ciclo de vida, que ningún ser humano puede eludir, al menos hasta ahora: la vejez y la muerte. La primera de ellas no solo acarrea limitaciones a partir de lo biológico, sino que desencadena, en el mayor de los casos, necesidades socioeconómicas agravadas por la edad, la condición física y la falta de recursos. La segunda etapa, la muerte, implica per se la desaparición del individuo, lo que en ocasiones deriva en necesidades para el grupo familiar.

Sin embargo, en esta última etapa el sujeto inicial ya no será el eje central del asunto, sencillamente porque ha dejado de existir. Esta ponencia se centra en una de estas dos etapas, la vejez, y en una de las múltiples
necesidades que padecen aquellos que han alcanzado este estadio de la vida, una falta de ingresos que les permitan sobrevivir en condiciones dignas. La trascendencia de estos dos temas ha conllevado a que históricamente se estructuren medidas protectoras de necesidades, a fin de hacerle frente a las penurias padecidas por los sujetos en determinadas etapas.

En lo que respecta a la vejez, el aseguramiento se ha edificado alrededor de los sistemas pensionales, los cuales pretenden que el individuo acceda a un ingreso durante la vejez, bien sea a través de la solidaridad propia de los denominados esquemas de reparto, o a través del ahorro obligatorio e individual a través de los esquemas de capitalización individual.

No obstante, estos sistemas han mantenido una importante dependencia de las relaciones de trabajo formales y de las contribuciones constantes, y es allí donde reside el principal problema de los modelos; que llegada cierta edad, excluye a quienes no han alcanzado determinada densidad de cotizaciones, o el ahorro suficiente para financiar una pensión de vejez.

Es bien conocido que los actuales esquemas pensionales adolecen de serias problemáticas, entre ellos los cambios demográficos, la baja propensión al ahorro y la falta de un esquema de financiación sostenible que asegure su subsistencia, esto último producto de la relación directa que existe entre el empleo formal, las cotizaciones y el acceso a los beneficios otorgados por estos sistemas.

A todo lo anterior, se suma que el avance tecnológico ha transformado las relaciones de trabajo de las cuales dependen la mayoría de los sistemas pensionales contributivos, lo que deriva en una falta de cotizaciones y aportes
que garanticen el flujo constante de recursos.

Como posible solución a la problemática planteada se ha propuesta la implementación de una Renta Básica Universal, una idea cautivadoramente sencilla mediante la cual el Estado podría garantizar a los ciudadanos el acceso a un ingreso mínimo en aras de reducir la desigualdad y la satisfacción de algunas necesidades básicas, propuesta que podría beneficiar a jóvenes y ancianos por igual.

Fuente: Academia