Las AFP, o Administradoras de Fondos de Pensiones, cumplieron 42 años de funcionamiento. Antes existía en nuestro país un sistema de pensiones de reparto (sistema que se financia con los aportes que realizan los trabajadores activos y el Estado, por lo tanto el dinero aportado va a un fondo común con el cual se pagan las prestaciones; este sistema se concibe bajo los principios de solidaridad intergeneracional e intrageneracional), que agrupaba a un conjunto de cajas previsionales.

Existía un consenso, antes del Golpe militar, que había que hacer una reforma previsional para homogenizar el sistema y darle mayor sustentabilidad. Sin embargo, llegada la dictadura, se crearon e impusieron las AFP en 1981, sin legitimación ciudadana (ya que no existía Parlamento), de carácter privado y con fines de lucro. El gobierno dictatorial de la época y las AFP generaron una serie de promesas; por ejemplo, que si cotizaba de manera permanente el 10% de su remuneración las personas gozarían pensiones sobre el 70% de los salarios obtenidos en la vida laboral. Sin embargo, esas promesas nunca se cumplieron. De acuerdo a datos de la Fundación SOL a diciembre de 2019, el 50% de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $ 202 mil ($ 145 mil, si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado). Y de las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $ 301 mil, valor muy inferior al salario mínimo.

Estas alarmas respecto a los resultados de las bajas pensiones no son nuevas. A 20 años de funcionamiento del sistema, el Instituto de Normalización Previsional (hoy IPS) encargó un estudio a Fundación Cenda («Proyección Previsional de la población afiliada a las AFP, por región y ramas de actividad», 2003) que encendió las primeras alarmas respecto a las bajas pensiones que entregaría el sistema de capitalización individual en el futuro. El sociólogo Robert Castel define la jubilación señalando primeramente lo que no es: “Pero la jubilación no es una medida de asistencia, es un derecho construido a partir del trabajo”

La pregunta es si las jubilaciones que recibe un trabajador alcanzan para brindar seguridad social y económica al momento de llegar a la vejez; si su derecho a la jubilación le permite vivir con dignidad. Los datos evidencian que no. Durante las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de reformas paramétricas, es decir, no estructurales, que han intentado mejorar el sistema, pero que a la larga no han tenido mayores resultados. En el año 2016 se llevaron a cabo una serie de protestas que irrumpieron la agenda pública cuyo reclamo eran las bajas pensiones. La consigna que se levantó fue “No+AFP”. El gobierno del momento, de la presidenta Bachelet, presento un proyecto de ley que contenía elementos estructurales de reforma, pero que no se concretó, hasta que llegó el segundo mandato del presidente Piñera, quien también presentó un proyecto de ley al respecto, con similares características al de Bachelet, que tampoco prosperó.

Al llegar el gobierno del presidente Boric, en su programa en materia de pensiones planteaba la idea de generar un “Sistema Previsional sin AFP y Solidario”. Esto implica crear un sistema de Seguridad Social que mejore las actuales pensiones y las futuras “de manera sostenible” Al correr los meses y el tiempo, la propuesta de nueva Constitución consagraba el derecho constitucional a la Seguridad Social, entregándole al Estado un rol protagónico en materia previsional.

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