Bogotá — Chile conserva su lugar como el país de Latinoamérica con mayor eficiencia técnica del gasto público, mientras que regiones como Centroamérica presentan desafíos en cuanto a ineficiencias en la nómina salarial, dado que los salarios del sector público son mucho más elevados en promedio con respecto a los del sector privado, explicaron a Bloomberg Línea expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A una consulta de Bloomberg Línea, el BID respondió que los países de Latinoamérica y el Caribe tienen ineficiencias técnicas que van del 1,8% al 7,2% del PIB o del 7% al 25% del gasto público total, con base en los últimos datos disponibles.

En general, consideran que la eficiencia asignativa es un reto de toda la región, especialmente en cuanto a pensiones, gasto subnacional y la calidad del capital humano.

“En términos de eficiencia técnica (sin tomar en cuenta las ineficiencias asignativas), Chile es el país que tiene menor ineficiencia del gasto en compras, transferencias y nómina salarial. Además, de acuerdo con los datos existentes, es uno de los pocos países con eficiencia asignativa relativamente buena”, respondieron a una entrevista por escrito.

En los países andinos, en general, se evidencia el reto de altos gastos en las compras públicas de bienes e infraestructura.

En América Latina hay varias áreas con retos en cuanto a eficiencia, tanto técnica (hacer más con menos recursos), como asignativa (distribución de acuerdo con las prioridades de gobierno) del gasto público. Si los países de la región no analizan la posibilidad de realizar reformas, seguirán sufriendo problemas fiscales: déficit, aumento de la deuda, insolvencia y, por último, posibilidad de default. Por otro lado, con gran ineficiencia asignativa, el reto del crecimiento de los países puede ser más difícil de lograr, complicando aún más la sostenibilidad fiscal y, por esta vía, la problemática de la pobreza y la desigualdad.

Estos retos se mantienen desde la última publicación del BID sobre la ineficiencia del gasto público en Latinoamérica y el Caribe en 2018, por lo que “se requieren reformas estructurales, modificando instituciones presupuestarias y fiscales”.

Los últimos datos disponibles muestran que la ineficiencia potencial del gasto público en relación con el PIB es más alta en Argentina (7,2%), seguida por El Salvador (6,5%), Bolivia (6,3%) Nicaragua (5%) Colombia (4,8%), México (4,75) y Costa Rica (4,7%).

Más abajo está Honduras (4,6%), Paraguay (3,9%), Brasil (3,9%), República Dominicana (3,8%), Panamá (3,8%), Uruguay (3,7%), Guatemala (2,7%), Perú (2,5%) y Chile (1,8%), siendo el más eficiente.

El panorama del gasto público en LatAm y qué tan eficientes somos
El gasto del gobierno central en Latinoamérica y el Caribe pasó del 17,7% en el año 2000 al 24,1% como porcentaje del PIB al cabo de veinte años, lo que se explica especialmente por las transferencias realizadas en las últimas década a áreas como la salud, la educación y la protección social, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

José Andrés Rueda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de América, explica a Bloomberg Línea que en el caso de países como Colombia el gasto público llega al 35% del PIB; en Brasil al 32,2%; en México llega al 21%; y en Panamá al 19,3%, citando cifras del Banco Mundial.

Señaló que es un rango amplio en comparación con otras economías como Suiza, en donde llega al 19,9%.

Aunque en otros países europeos como Francia llega al 49,9%, en Suecia al 33% y en Dinamarca al 37,8%.

“Los Gobiernos deben gastar porque están allí para proveer los bienes públicos que necesitan las sociedades”, pero “hay mucho por mejorar en el tema del gasto gubernamental en América Latina”, consideró.

A pesar del aumento del gasto público, especialmente durante el período de la crisis sanitaria por el Covid-19, Latinoamérica y el Caribe se enfrentan al reto de gestionar de manera más eficiente estos fondos, en la medida en la que la región ha derrochado unos US$220.000 millones o el equivalente 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los últimos datos disponibles del BID.

Para tener una dimensión, en el caso de las compras públicas, la región malgasta más del 20%, mientras que la Unión Europea un 10% en promedio.

De acuerdo con el BID, en el caso de las transferencias sociales, los países de Latinoamérica redistribuyen ocho veces menos que los países de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, mientras que las transferencias e impuestos directos reducen la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe un 5%, en los países avanzados la disminuyen en cerca del 40%.

Para enfrentar esta situación, agrega José Andrés Rueda, la propuesta de la OCDE “es alinearse con planes de mediano y largo plazo, establecer evaluaciones de performance, mejorar la ejecución de presupuesto y tener auditorías mejoradas. Todo esto para mejorar y reenfocar ese gasto público para que tenga una efectividad en la calidad de vida de las personas. Los Gobiernos deben enfocarse en el gasto que pueda favorecer el crecimiento de sus países y que genere un mayor bienestar”.

El impacto en la ineficiencia en el gasto público en Latinoamérica y el Caribe
Según distintas fuentes consultadas por Bloomberg Línea, solo reducir el malgasto y las ineficiencias no pareciera tener un impacto significativo sobre la macroeconomía, ya que hay que invertir mejor y de manera más eficiente.

Esta sigue siendo una de las mayores materias pendientes en Latinoamérica, puesto que un nivel alto de ineficiencia por parte del sector público reduce la confianza de las personas en el Gobierno, advierten los especialistas.

“Una señal de que el gasto público no es eficiente es si este está siendo destinado a rubros en los que puede haber sustitución del gasto privado” o a sectores en los que “puede haber competencia de empresas privadas”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, David Pérez-Reyna, quien considera que los más eficientes en la distribución de esos fondos en la actualidad son efectivamente Chile, junto con Uruguay y Panamá.

Para el académico, “una gran ventaja de hacer más eficiente el gasto público es que se puede hacer más sin necesidad de aumentar los impuestos o de recortar gasto de otros lados. Una manera de hacerlo puede ser enfocando el gasto en donde no haya sustitución obvia de gasto privado”.

“Un ejemplo de la situación contraria sería, por ejemplo, usar gasto público para instalar una fábrica de cervezas. No hay razón para pensar que el sector privado no podría hacerlo. Dejar de hacer ese tipo de gasto puede ser bueno en aras de la eficiencia”, comentó.

Para lograr una mayor eficiencia del gasto se podrían promover mejoras en las transferencias sociales, en las contrataciones públicas y en las políticas de recursos humanos.

La adopción de herramientas digitales también puede contribuir a estas mejoras al facilitar el acceso a servicios públicos y promover la inclusión.

Reducir los costos de transacción asociados con los trámites públicos no solo ayuda a reducir costos, además vuelve más accesible al gobierno en general, beneficiando de forma particular a los segmentos más alejados y desfavorecidos de la sociedad que tienen dificultades para acceder a esos servicios, según distintas fuentes consultadas por Bloomberg Línea.

Las principales señales de ineficiencia en el gasto público son: hay evidencia de grandes filtraciones en compras, nómina salarial del sector público y en transferencias. Y segundo, hay evidencia de mala asignación de recursos que podrían usarse de otra manera y generar mayor crecimiento económico.

¿Qué más se puede hacer mejor frente a la eficiencia del gasto público?
Desde el BID indicaron que los países de la región podrían considerar un presupuesto prioritario, es decir, “contemplar dos o tres prioridades de la nación, basados en un modelo causal y en evidencia, cuyos progresos puedan medirse año por año”.

Tanto para la eficiencia técnica como para la asignativa, sugieren también acompañar las reformas con revisiones “inteligentes” del gasto público, al igual que de marcos de gasto de mediano plazo que tengan un nivel de desarrollo que hoy no existen en la región.

En este sentido, “es aconsejable que los Gobiernos nacionales cuenten con estamentos que se ocupen de estos temas del gasto y que, además, tengan la capacidad para fijar normas y coordinar los gastos. Por eso, una opción es la creación o modificación de unidades de calidad del gasto público que concentren, coordinen y busquen la disminución de las ineficiencias técnica y asignativa”, recalcaron los especialistas de esa entidad.

Otra alternativa que plantean para abordar el reto de los gastos de corto plazo en algunos países es considerar conformar un consejo independiente de eficiencia del gasto, conformado por técnicos, académicos y hacedores de política independientes, que puedan generar análisis de estos problemas, propongan soluciones, evalúen programas, y puedan servir como observadores respecto a la forma en que gastan los Gobiernos.

En últimas, añade, “el análisis de cada país respecto a la pertinencia de un cambio institucional puede garantizar que el gasto público no incida en prácticas que en el pasado no hayan resultado provechosas en países de América Latina y el Caribe”.

La tecnología al servicio del gasto público
Según un reciente reporte del Banco Mundial, el uso de redes y herramientas digitales puede ayudar a reducir el enorme porcentaje del PIB —hasta 4%— desperdiciado en ineficiencias relacionadas con el gasto público.

Este “ahorro” puede reorientarse hacia inversiones sociales o relacionadas con el crecimiento, según el documento.

De acuerdo a ese organismo, “las soluciones digitales para la gestión de las finanzas públicas ayudan a los gobiernos subnacionales, en los que las capacidades de gestión suelen ser menores. La digitalización de la recaudación de impuestos puede incrementar los ingresos públicos al reducir el 6% del PIB que se estima se pierde por evasión”.

De otra parte, se tiene que gracias a las soluciones tecnológicas, la prestación digital de servicios públicos es más barata y rápida de brindar, cortando las fuentes de corrupción.

Esto es relevante en la medida en la que un tercio de los latinoamericanos pagaron un soborno para acceder a un servicio público transaccional, según las cifras del Banco Mundial.

Por tanto, dice ese organismo, la prestación digital de servicios públicos “puede ampliar el alcance del Gobierno y, al reducir las interacciones entre funcionarios y ciudadanos, disminuye las oportunidades de soborno y corrupción”.

 

 

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