La movilidad de las prestaciones jubilatorias y el aumento otorgado, un 2,3% más una suma fija de 1500 pesos para todos los beneficiarios, que impacta con diferentes porcentajes según los montos de los haberes que perciben, se encuentra en discusión en estos días. También los regímenes “especiales” de jueces y diplomáticos, con emblemáticas tasas de sustitución del 82%, que han sido modificados recientemente por el congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Sugiero, como idea preliminar, que tratemos de entender qué es lo que se está discutiendo en realidad, en estos cambios propuestos por el Poder Ejecutivo. En principio parece ser un debate sobre el perfil mismo de sistema previsional, y el monto de las prestaciones a abonar considerando la fuente de financiamiento, frente a dos alternativas posibles:

1. Continuar vinculando las prestaciones con las remuneraciones percibidas en actividad, como una proporción de esos salarios sobre los que se aportó.

2. Modificarlas hacia una variante de sistema universal, en la cual prevalecerán prestaciones de similares montos para todos o la mayoría de los beneficiarios, consecuentemente achatando la pirámide.

Una discusión sobre la naturaleza y financiamiento de la seguridad social. Los sistemas jubilatorios surgen en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el canciller alemán Otto Von Bismarck, en 1883 anunciaba una serie de leyes –de cobertura contra enfermedades, accidentes y vejez– que dieron origen a los seguros sociales.

Un nuevo paradigma basado en la solidaridad intergeneracional, una suerte de contrato intertemporal, pero organizado por el Estado, y de carácter obligatorio para todo el colectivo de trabajadores aportantes. A partir de allí, se ha sostenido que los sistemas previsionales estatales suponen la institucionalización de una regla de la seguridad social, la “suavización del consumo”, que implica resignar consumo presente en momentos de mayores ingresos para garantizar consumo en la pasividad, cuando los ingresos disminuyen, en razón a la reducción parcial o completa de las habilidades para generarlos (salarios diferidos).

Ahora bien, este modelo contributivo, que vincula la jubilación -y el monto de su haber- al trabajo, atraviesa una crisis global, y desde hace medio siglo. El envejecimiento de la población, que combina dos fenómenos demográficos aumento de la expectativa de vida, y la caída de la tasa de natalidad a sus niveles más bajos, incrementó la proporción de adultos mayores sobre el total de la población. La consecuencia es un achicamiento de la tasa de dependencia, es decir el cociente entre la población aportante y los beneficiarios que perciben prestaciones.

En nuestro país, como en la mayoría de los de la región, debemos agregar las dificultades relacionadas con el sistema de relaciones del trabajo, que presenta una tasa de desempleo del 10,6 %, y con un nivel informalidad superior al 35% si hablamos de trabajo dependiente, y mayor aun en los trabajadores por cuenta propia, hacen insostenible un sistema contributivo, en una relación de 1,3 aportantes por cada beneficiario del sistema. Por ello, casi el 50% de los ingresos del sistema previsional provienen de impuestos con afectación específica y de aportes del Tesoro, para solventar el desequilibrio contributivo del sistema.

Recién en la mitad del siglo XX, se perfila un nuevo modelo de financiamiento y cobertura de las contingencias sociales, cuando el gobierno ingles convoca a un economista Lord William Beveridge, para efectuar un análisis sobre la seguridad social, quien produce el conocido “Informe Beveridge”, publicado en noviembre de 1942.

El Informe está orientado a la cobertura de las contingencias que enfrenta todo ciudadano (no solo los trabajadores como en el seguro social), estableciendo prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, y jubilación, entre otras. Beveridge sostuvo que ese sistema permitirá asegurar un nivel de vida mínimo por debajo del cual nadie debe caer. Vinculó la asunción por parte del estado de los gastos de enfermedad y de las pensiones con el financiamiento tributario.

Tenemos así, la suavización del consumo, como uno de los objetivos de la seguridad social, y, por el otro, la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza, otro de los objetivos que se suma a los sistemas de jubilaciones. Esta redistribución puede realizarse entre los individuos considerando todo su ciclo vital o entre generaciones. Así, un sistema es considerado “progresivo” si el trade off de contribuciones y prestaciones favorece a los afiliados de menores ingresos. Algunos autores han considerado la redistribución intrageneracional de la riqueza, como una visión intermedia entre la suavización del consumo y la reducción de la pobreza.

Se han diseñado sistemas en los cuales prevalece el objetivo de suavización de consumo, en cambio en otros se ha privilegiado el objetivo de alivio de la pobreza, quedando a criterio de las personas individualmente determinar el porcentaje o la tasa de reemplazo de sus ingresos por arriba del mínimo garantizado por el régimen público (cajas complementarias, fondos compensadores, fondos de pensión privados, seguros de retiro, etc.)

Distinguiendo los sistemas por las condiciones de acceso, dependiendo de la historia contributiva (contributivo o bismarckiano) o de carácter no contributivo (universal o beveridgiano); y así podríamos seguir, por el sistema de financiamiento en reparto o capitalización (individual o colectiva), o de cuentas virtuales; por la gestión privados o públicos; de prestación definida o de contribución definida. Claro que esa variada gama de opciones, admite una multiplicidad de combinaciones. Podríamos sostener aquí que no existen en la práctica modelos extremos, y es por ello, y por las limitaciones que los sistemas “puros” presentan, que los países combinan criterios haciendo prevalecer algunos por sobre otros.

Si se privilegió lograr el objetivo de suavización del consumo, el sistema será de naturaleza contributiva, y en las últimas décadas incluyen algún componente con capitalización colectiva o individual de contribución definida. Estos sistemas tienden a garantizar la cobertura de los trabajadores y con prestaciones relacionadas con las remuneraciones percibidas en largos periodos de aportación.

Cuando se busca privilegiar el objetivo de redistribución y el alivio de la pobreza, los sistemas se financian a través de rentas generales o con impuestos de afectación específica, otorgando prestaciones relativamente uniformes y sin requerir a los beneficiarios extensas historias laborales con contribuciones al sistema como requisito de acceso a las prestaciones. Los sistemas priorizan un elevado nivel de cobertura de los adultos mayores en general, garantizar la cobertura a los ciudadanos.

La situación actual en Argentina

Partiendo del Gasto Público Total ($4.171.312.000.000), debemos indicar que en la actualidad, el gasto en prestaciones contributivas -las que abona la Anses- con financiamiento mixto, por cotizaciones de trabajadores y empleadores, y tributos con afectación específica, suponen el 50% del GPT para 2019, con un monto $2.086.312.000.000.

El Gasto Público Social (GPS) por un total de $2.642.080.000.000, representa el 63% del GPT, y 12,6% del PIB.

Resulta de utilidad la clasificación funcional, permitiendo desagregar del GPS áreas sectoriales (salud, educación, promoción y asistencia social, trabajo, seguridad social, agua potable y alcantarillado, vivienda y urbanismo), y allí vemos que las erogaciones en jubilaciones y pensiones, y en las asignaciones familiares (incluida la AUH), significan el 79% de GPS.

En ese contexto, y con una inflación que supero el 55% en el año anterior, el Gobierno nacional dispone la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria (70% de índice de precios y 30% de variación salarial), apuntando a desindexar las jubilaciones. Y además lo hace de una manera novedosa, con algún sesgo de progresividad, propone un incremento fijo para todos (2,3% más $ 1.500 para todos los beneficiarios) que traerá como consecuencia el achatamiento de la pirámide de las prestaciones a abonar.

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