El gobernador de Puerto Rico anunció el martes que la junta de supervisión financiera llegó a un acuerdo que reduciría en un 80% la deuda de la isla, pero advirtió que su gobierno lo rechazará porque le exigiría recortar el sistema de pensiones.

El impasse entre el gobierno y la junta financiera amenaza con sumir en la incertidumbre los intentos de superar un proceso similar a una declaración de bancarrota para el gobierno de la isla, que hace seis años declaró impagable su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares.

El acuerdo fue forjado con acreedores que poseen bonos de obligación general y de la autoridad de edificios públicos vendidos por el gobierno puertorriqueño y cancelaría 35.000 millones de dólares de deudas y otros reclamos, según la junta. También reduciría la deuda a esos acreedores de 18.800 millones de dólares a 7.400 millones —una reducción de 61%— y les daría 7.400 millones en bonos y 7.000 millones en efectivo, entre otras condiciones.

La junta informó que el acuerdo liberaría más de 300 millones de dólares al año para servicios públicos y que el monto en impuestos y tarifas que el gobierno puertorriqueño pagaría a acreedores se reducirá de 30 centavos a 8 centavos por dólar.

“Creo firmemente que este es el mejor resultado que podemos conseguir bajo la actual incertidumbre económica, no sólo para el pueblo puertorriqueño sino para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solidez financiera de Puerto Rico”, expresó el presidente de la junta David Skeel.

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