Entre otros asuntos sobre la Resolución de Presupuesto aprobada en la Asamblea Legislativa discutidos en una reunión.

El gobernador Pedro R. Pierluisi volvió a decirle este viernes, en reunión con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), que reconsideren su postura en cuanto al recorte a las pensiones. Asimismo, el gobierno envió dos cartas a la Junta, una en la que reitera su postura en relación a las pensiones y otra en la que se establecen los puntos en los que el gobernador está en desacuerdo con la Resolución de Presupuesto aprobada en la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la misiva sobre los retirados, enviada por el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar Marrero, se destaca que es posible reestructurar la deuda sin afectar las pensiones, pues es fiscalmente viable. Se explica además que la Ley 7 (Retiro Digno) establece la política pública de este gobierno en contra de un recorte en las pensiones y se insta a la Junta a no acudir al Tribunal y en su lugar trabajar en conjunto con el gobierno para resolver el impase y proveer un retiro adecuado a los servidores públicos. También se adelanta que en aras de buscar una solución viablemente fiscal para un retiro digno a los pensionados, el gobernador estará sometiendo prontamente una medida.

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Enfatiza que los congresistas escucharán el reclamos de los delegados congresionales.
“Este gobierno reitera su oposición a la reducción en las pensiones, pues nuestros pensionados ya sufrieron un recorte sustancial en el 2013. Nuestros retirados sirvieron por muchos años a nuestro gobierno, y afectar sus pensiones es injusto e innecesario. Vamos a continuar trabajando para buscar una solución viable para proveer un retiro digno y evitar a toda costa un recorte en las pensiones”, sostuvo el gobernador.

Por otro lado, la carta relacionada al presupuesto establece los asuntos en los que el gobernador Pedro R. Pierluisi está en desacuerdo, como el lenguaje restrictivo que menoscaba las facultades administrativas del gobierno y establece mayor burocracia al establecer que toda reprogramación debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. La carta también señala que el presupuesto aprobado en la Cámara y el Senado no garantiza los $15 millones para un aumento a los oficiales correccionales ya que se requiere que haya una partida específica. Además sostiene que el presupuesto de la Asamblea Legislativa tiene una reducción sustancial en los fondos CAPEX de $59 millones a $11.3 millones y reduce los fondos para la Autoridad de Carreteras y Transportación al incluir $115 millones del fondo de becas de la UPR que ya están en las arcas del gobierno por lo que no deben estar como un gasto en el presupuesto

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