El reclamo que por semanas levantaron jubiladas y jubilados del gobierno de Puerto Rico hizo eco entre los miembros de la Cámara de Representantes que este martes aprobaron unánimemente una medida legislativa que, efectivo el 1 de julio de 2024, aumentaría sus pensiones hasta en $300 mensuales.

“Han sido, prácticamente, cuatro meses de jornada… y hoy, finalmente, fue aprobado el proyecto de forma unánime. Primero, mi mensaje de agradecimiento, porque los legisladores le hicieron justicia a los pensionados y esa justicia la queremos proyectar en el Senado para luego salir a Fortaleza para que el proyecto sea firmado”, reaccionó Pedro Pastrana Ortiz, del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros.

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Dijo a este diario que, tras el resultado, inician ahora una serie de reuniones con los senadores. “Este proyecto es uno de justicia para los pensionados”, subrayó.

Tras “más de 17 años sin un incremento a las pensiones”, el Proyecto de la Cámara 2038 busca aumentar en un 10% –en una primera fase– las pensiones de los jubilados del gobierno central, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico.

“Este proyecto refleja, retrata, recoge la realidad de más de 160,000 trabajadoras y trabajadores puertorriqueños que viven en unas condiciones de pobreza, muchísimos de ellos, de justicia social y de ausencia de reconocimiento por parte del gobierno de su realidad económica”, dijo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, sobre el proyecto presentado por él, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos y su homóloga del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, a petición del Frente Amplio en Defensa de las Pensiones.

Según la medida, posterior a esa primera alza, se otorgarían aumentos anuales equivalentes a lo dispuesto en el informe de ajuste por costo de vida que emite anualmente la Administración del Seguro Social (COLA, en inglés).

Por ejemplo, para 2024, los beneficios de Seguro Social, según COLA, tuvieron un alza de 3.2%, lo que, en promedio, representó $50 mensuales adicionales. “Los retiros, las pensiones son creadas y obtenidas como parte de una lucha de la clase trabajadora del mundo y Puerto Rico no es la excepción. Y, ahora, continúan luchando por algo que alguien diría: ¿pero, hay que luchar por qué le aumenten una pensión como resultado del costo de la vida?”, cuestionó el legislador de PIP.

Según la medida la fuente de financiamiento para otorgar este incremento provendría de los ingresos no comprometidos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en el pago de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). De aprobarse, el impacto de la medida para el año 2024-2025 fue estimado en $194.8 millones, según un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Para el año fiscal 2025-2026, de acuerdo al mismo análisis, el efecto fiscal del primer aumento fijo al COLA sería de $55.4 millones. “Hoy les digo que $194.8 millones son indispensable para mejorar la calidad de vida de los jóvenes del ayer, de mis queridos pensionado, y por eso yo entiendo que este proyecto es viable y se puede aprobar”, puntualizó Ramos.

“Hay mucha gente que comienza a poner piedras en el camino cuando uno quiere hacer un proyecto de envergadura. Yo tengo un digger permanente para quitar todas esas piedras del camino y hacer la justicia que ellos se merecen”, aseveró la representante.

Dijo que en la isla hay 88,664 jubilados que reciben una pensión mensual de $2,000 o menos. “¿Qué son $1,000 hoy? ¿Cuánto es el valor adquisitivo de esos $1,000? Ustedes saben que es muy poco”, expuso Ramos durante la discusión de la medida al recordar que aquellos trabajadores jubilados luego del 2014 se les redujo el Bono de Navidad y eliminó la aportación al plan médico.

“Aquí se les ha pagado una millonada a los bonistas, aun a aquellos bonistas no asegurados…si esa gente que son millonarios y compraron bonos ilegales cobraron su dinero, ¿por qué yo no puedo hacerle justicia a los pensionados que aportaron su dinero?”, cuestionó la legisladora de Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por su parte, el portavoz del MVC en la Cámara, José Bernardo Márquez Reyes, sostuvo que el no haber actuado es permitir, mediante la inacción, que se reduzca el uso y el poder adquisitivo de los jubilados a través de las pensiones que reciben”.

La medida pasa ahora a la consideración del Senado que tiene hasta el próximo 25 de junio para actuar sobre la misma.

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