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¿Prohibido envejecer en Bolivia?: Desafíos del sistema integral de pensiones

Por Luz María Calvo, Andrea Baudoin, Fernanda Wanderley

La pregunta que lleva por título este documento resume la actitud de los adultos mayores que por primera vez sienten flaquear sus fuerzas y comprueban que no tienen derecho a una jubilación. Resume también la estupefacción con que un asegurado al sistema de pensiones recibe la información sobre el monto de pensión de vejez que le corresponde.

Dicha pregunta, planteada por los organizadores del Panel N° 8 del “Bolivia Debate: un futuro sustentable”, permite sintetizar el conjunto de problemas que las políticas públicas laborales y de seguridad social no han podido resolver hasta la fecha en Bolivia. Y, tal vez más importante, a diez años de haberse aprobado la actual Ley Nº 65, Ley de Pensiones, del 10 de diciembre de 2010, brinda la oportunidad para delinear de forma concisa el necesario ajuste de las políticas públicas en materia de seguridad social de largo plazo, a fin de que, en el futuro inmediato, la respuesta a la pregunta deje de ser afirmativa.

A septiembre de 2020 accedieron a cobrar la Renta Dignidad 1.504.910 adultos mayores de 60 años, de los cuales solo 231.250 tienen, además, una pensión de vejez, y los restantes 1.273.660 no cuentan con una jubilación ni con los beneficios que ella conlleva3 . Esto implica que 85 de cada 100 adultos mayores en Bolivia, la mayoría mujeres, tienen que trabajar hasta desfallecer o morir, literalmente.

Es cierto que, por la sola condición de residir en el país, todos los bolivianos adultos mayores de 60 años
pueden acceder a cobrar la Renta Dignidad: Bs 300 para los rentistas y Bs 350 para los no rentistas. Si bien
este ingreso es importante –en especial en el área rural–, resulta por completo insuficiente no solo para
mantener, sino para contener el deterioro de la calidad de vida en la vejez.

En términos monetarios, estos montos no son suficientes ni siquiera para superar la línea de pobreza extrema, definida como el monto de dinero necesario para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos para una persona, que era de Bs 449,3 en el área urbana y de Bs 381,1 en el área rural a fines de 2019. Tampoco es suficiente en términos sociales porque la Renta Dignidad no está ligada a la prestación de un seguro de salud, algo que es
imprescindible en la vejez.

Fuente: Research Gate