Por Álvaro Montoya, Solange Berstein, Mariano Bosch, Manuel García-Huitrón y María Laura Oliveri

Los sistemas de pensiones son un elemento central del estado del bienestar. Estos son contratos sociales que tienen como principal objetivo proporcionar un consumo digno a los adultos mayores en aquellos años donde generar ingreso es más difícil. El diseño de estos contratos sociales es crucial al menos por tres motivos. Primero, las implicaciones para el bienestar del ciudadano son de una magnitud extraordinaria. Para una persona, obtener o no una pensión puede significar tremendas diferencias de bienestar en la última etapa de su vida. Segundo, desde el punto de vista de la sociedad, el sistema pensional redistribuye una gran cantidad de recursos entre individuos de una misma cohorte y entre generaciones. Tercero, el gasto asociado a pensiones afecta directamente la estabilidad fiscal y macroeconómica de los países. Sin embargo, a pesar de su importancia, las características y consecuencias de los distintos diseños de sistema de pensiones para los ciudadanos y Estados son ampliamente desconocidas en América Latina y el Caribe, una región donde sólo el 52,8% de los trabajadores cotiza a pensiones en un momento dado (SIMS, 2015) y se empiezan a ver importantes problemas de sostenibilidad financiera en algunos países y de adecuación (o nivel de pensión) en otros.

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