El empleo precario en el Perú va en moto y te lleva las compras a la puerta de tu casa (aunque se limitan a los distritos top de sus regiones): 9 de cada 10 repartidores no tienen claro cuál es su vínculo con las empresas que facturan en nuestro país, pero no pagan impuestos porque están domiciliadas en el extranjero, recuerda Alejandra Dinegro, socióloga y directora del Observatorio de Plataformas Perú.

Hasta el momento no hay una cifra oficial sobre la cantidad de repartidores que trabajan con aplicativos móviles, pero se estima que 46.000 personas se dedican a este rubro solamente en Lima metropolitana. Un 80% sería extranjero.

¿Cambios a la vista?

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó a mediados de junio un dictamen en mayoría —tras el voto dirimente de su presidenta, Sigrid Bazán— que estandariza los derechos laborales esenciales para los motorizados: un 20% de sus miembros deberá ser dependiente, ya que sí existe una relación laboral con las apps como PedidosYa, Rappi o Didi Food (ver infografía).

En esencia, los repartidores deberán estar asegurados en Essalud y en un sistema de pensiones; recibir del empleador un pago por su servicio —las tarifas ahora se regularían por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)— y un seguro de salud no solamente cuando se preste el servicio, sino también antes y después.

“Es una realidad verdaderamente grande, el desamparo en el que se encuentran los motorizados. Esta actividad ha venido para quedarse para siempre”, mencionó Susel Paredes, autora de uno de los proyectos amparados en el dictamen validado.

Incluso antes del coronavirus, el MTPE estableció un grupo de trabajo que encontró indicios de laboralidad, por lo cual se debe fijar una jornada diaria máxima para preservar la integridad de los repartidores y que las empresas brinden equipos de protección y adecuar los canales de comunicación, principalmente.

La integridad sobre todas las cosas

Dinegro indica que los cambios no buscan condenar a las plataformas ni ahuyentar a las empresas del mercado, y solo apuntan a resguardar a los motorizados. Un 80% de los repartidores de las apps reconocen que su única fuente de ingreso es el delivery, y además, del total de repartidores calculados, un 80% trabaja hasta 13 horas diarias, sustenta.

La garantía se materializaría con la firma de un contrato registrado en el MTPE, y no solo con los términos y condiciones con los que las apps captan a sus repartidores. La especialista añade que no existe evidencia alguna de golpes a la industria ni que los costos aumentarían de galope o las empresas se irían del Perú, y, por el contrario, responde solo a una “contracampaña” de intereses corporativos.

“Más bien, mostramos evidencia de que, pese al cuello de botella del vínculo laboral, hay cambios a favor de elevar sueldos, seguridad y salud en el trabajo. Oxford está dialogando con Glovo y Cabify en otros países para darles a sus repartidores elementos como un seguro y protocolos para evitar situaciones de acoso o discriminación. Estas no se quieren ir ni subirán sus tarifas”, sostiene.

Se desnaturalizará al rubro, advierten gremios

Jaime Dupuy, vocero de ComexPerú, sostiene que la iniciativa de la Comisión de Trabajo transgrede a un sector nacido para prestar servicios de manera independiente.

Es partidario de velar por el aporte de los motorizados a un sistema previsional, mas no a un seguro, “ya que todos tenemos el Seguro Integral de Salud (SIS)”. Aparte, al disponer que “todos entren a planilla”, se desnaturaliza la operación de estas plataformas “que no son empresas de transporte o de venta de comida” en un esquema de economía colaborativa.

Según Dupuy, el dictamen en minoría impulsado por Adriana Tudela (Avanza País) —que quedó estancado— es el más acertado porque garantiza la asociatividad con las empresas y no se ponen en riesgo los ingresos de los repartidores al modificar abruptamente la carga a los aplicativos.

“De aprobarse en el Pleno, este proyecto haría que miles de independientes pierdan fuentes de ingresos. Las plataformas intermedian, no prestan servicios de transporte o reparto. Se retrocedería en transformación digital”, manifestó, no sin antes recordar, que en España la ley rider puede verse como un presagio de lo que sucedería en Perú. De cara a la nueva legislatura, se espera hacer ajustes con un texto sustitutorio para que el cambio sea más integral, concluyó Dinegro.

Motorizados denuncian bloqueos

En diálogo con La República, representantes de las apps de delivery han advertido que firmas como Rappi y Didi Food han bloqueado masivamente a los usuarios que acudieron a las protestas para exigir mesas de diálogo en donde se los escuche verdaderamente y no solo los sienten a “ver diapositivas sobre el funcionamiento de la app”.

Desde Rappi aseguraron a este diario que siempre están abiertos al diálogo y a lograr el bienestar de los repartidores, pero argumentan que el proyecto de la Comisión de Trabajo no es la alternativa porque limita la flexibilidad y pone en riesgo generar ingresos a más de 100.000 personas.

Reacciones

Alejandra Dinegro, Directora de Observatorio Plataformas Perú

“No copiemos el modelo chileno que no reconoce el vínculo laboral ni subordinación; cuando sí la hay. Repartidores merecen un contrato registrado en MTPE y derechos laborales”.

Jaime Dupuy, Gerente de Asuntos Legales en ComexPerú

“Este proyecto haría que miles de independientes pierdan fuentes de ingresos. Las plataformas intermedian, no prestan servicios de transporte o reparto”.

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