Durante las últimas semanas, la discusión pública en torno al sistema previsional se ha centrado en el futuro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta opera con un fuerte déficit financiero, el cual requiere transferencias anuales del Estado equivalentes al 0,2% del PBI para completar el pago mensual a sus pensionistas.

Ese déficit, que incluso esconde el costo oculto de aquellas personas que aportaron a la ONP, pero no reciben pensión por no cumplir el mínimo de años de aporte, empeoraría en el mediano plazo conforme al envejecimiento poblacional. Por ello, se analizan los riesgos de mantener el sistema y de transformarlo a uno de capitalización individual –como las AFP– de propiedad estatal.

ESTADO ACTUAL DE LAS ONP

El SNP es un sistema de reparto, en que el aporte de sus afiliados se destina a un fondo común que financia las pensiones de los actuales jubilados. Por ello, la estructura demográfica de sus afiliados es relevante para su sostenibilidad.

En el 2017, el número de aportantes a la ONP ascendió a más de 1,6 millones, mientras que el número de pensionistas fue de aproximadamente 568 mil. Es decir, había 2,8 aportantes por cada pensionista. Sin embargo, con el envejecimiento de la población, se espera que esa proporción caiga a 0,5 hacia el 2055.

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