El debate electoral sobre las pensiones ha empezado con mal pie. Las ambiguas declaraciones del asesor económico principal de Pablo Casado, Daniel Lacalle, sobre los recortes en las prestaciones en aquellos países que habían aprobado subidas o revalorizaciones han suscitado un intercambio visceral de acusaciones entre los partidos que no contribuye a calmar las inquietudes de los pensionistas, presentes y futuros, sino a estimular su ansiedad.

Tampoco ha aclarado la posición del PP, partido que gobernó hasta antes de ayery que tiene posibilidades de volver a hacerlo, más allá de una atropellada acusación genérica de haber tergiversado las declaraciones de Lacalle y una velada reafirmación en que el camino correcto para defender las pensiones públicas es la legislación en vigor, aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

El sistema de pensiones tiene hoy un grave problema central: su sostenibilidad está en cuestión si no se toman inmediatamente decisiones políticas y económicas para corregir los efectos del envejecimiento de la población, el coste mayor de las pensiones nuevas y la evidencia de que la prestación debe pagarse al pensionista durante más tiempo. Las pensiones dignas son un derecho de ciudadanía. El diagnóstico y el catálogo de correcciones que es necesario practicar están sobre las mesas sociales y políticas.

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