El sistema de pensiones del país se encuentra a escasos 8 años de otorgar las primeras pensiones por vejez surgidas de la reforma neoliberal a la seguridad social del año 2001, concretizada con la promulgación de la Ley No. 87-01. Se estima que el sistema de pensiones basado en contribuciones definidas en Cuentas de Capitalización Individual (CCI), eufemismo que indica que el fondo que acumules depende de tu suerte laboral, comenzará a otorgar las primeras pensiones por vejez a partir de 2033.

Las perspectivas de suficiencia de las pensiones para cubrir las necesidades elementales de los pensionados son poco auspiciosas. Los estudios realizados hasta el momento por instituciones multilaterales y del sector público dominicano, pronostican una tasa de reemplazo o porción del salario de referencia, en un rango de 23% a 30% (OECD, Banco Mundial, MEPyD). Este nivel de insuficiencia de las pensiones futuras es cuanto menos lesivo al principio de solidaridad social que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT); esta institución internacional establece que como mínimo la tasa de reemplazo debe situarse en 45% del salario de referencia.

En cuanto a cobertura, el sistema muestra una desigualdad inocultable. El porcentaje de trabajadores cotizantes sobre la Población Económicamente Activa (PEA), no sobrepasa el 37.0%. Es decir, una gran franja de la Fuerza Laboral se encontraría virtualmente proscrita del derecho a una pensión futura, de no operarse cambios sustanciales y profundos en el sistema, que corrija estas distorsiones. Aunque la Ley No. 87-01 establece el régimen contributivo subsidiado y el contributivo subsidiado, para universalizar con recursos públicos las prestaciones por pensiones del 57.0% de trabajadores informales e inactivos, poco esfuerzo se ha hecho en instaurarlos, lo que deja sin pilar contributivo parcial y pobremente financiado el contributivo subsidiado. Este último es una pensión de pobreza, pues solo cubre el 60% del salario mínimo del sector público que actualmente equivale a RD$10 mil, que no cubre ni las mínimas necesidades alimenticias del pensionado/a.

En consecuencia, lo que existe como sistema de pensiones en el país es un entramado excluyente, ya que solo contempla a poco más de un tercio de la fuerza de trabajo. Esto implica un serio desafío al sistema de pensiones, toda vez que no cumplirá con cristalizar el derecho que le asiste a todo dominicano/a una pensión cuando menos digna. Todo esto se da en un escenario donde la población envejeciente en el país actualmente, según datos de CEPAL (2024), ronda el 9.1% y donde apenas superan en el quintil más bajo de la distribución de personas de 65 años y más, el monto de US$186.10 dólares.

En una coyuntura económica de crecimiento con desigualdad, salarios bajos para subsidiar los beneficios del gran empresariado y una fiscalidad que trasvasa recursos públicos a fines privados, el sistema de pensiones actualmente vigente no cumplirá con disponer de pensiones suficientes ni dignas. Esto así, porque para incrementar prestaciones, debe hacer reformas paramétricas como elevar la cotización y aumentar la edad de retiro; ambas soluciones insuficientes por los bajos salarios cotizables y el estructuralmente alto nivel de informalidad laboral. La vocación de lucro del sistema tampoco ayudaría a este objetivo toda vez que las AFPs han articulado un entramado financiero donde los beneficios son crecientes.

Estas reformas paramétricas que constituyen la base del discurso de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) y de la SIPEN, solo beneficiarán a las AFPs, que ya en 2023 registraron más de RD$5 mil millones de pesos en beneficios netos, con una rentabilidad financiera sinigual que supera el 22.6%. De lo que se trata, es de un sistema que engrosa beneficios de un lado y extrae rentas del otro, en perjuicio claro está, de los trabajadores que sustentan con su trabajo el sistema. A todo esto, pregonan la solución única: este es el mejor sistema posible por su impacto en la dinamización económica y por ser el ahorro nacional garante de la estabilidad macroeconómica.

Lo anterior es parte del discurso de temor que se basa en un determinismo de mercado que a fuerza de repetición acaba por cooptar las mentes de no pocos dominicanos a través de una potente red mediática abrumadoramente defensora de las AFPs. Sin embargo, hay una salida, que consiste en un sistema solidario de reparto moderno, que integraría de forma solidaria a todos los trabajadores, sin exclusión, sean estos formales o informales. Este sistema de pensiones garantizaría pensiones definidas en base a un salario de referencia y años de trabajo cotizado; informaciones suficientes para determinar el nivel de pensión garantizada.

En una próxima entrega estaremos abordando en qué consiste este sistema alternativo de pensiones que supera con creces en prestaciones al vigente actualmente, con apenas costos financieros para el Estado dominicano; bajo una orientación clara: las pensiones son transferencias sociales que constituyen parte del consenso de la seguridad social solidaria para todos/as. No es, como actualmente se percibe, un privilegio que depende de la profundidad del bolsillo del cotizante

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