Los estragos de la pandemia no solo han tenido un impacto a corto plazo, sino que han desafiado algunos de los planes más estructurados del futuro. En Chile, los tres retiros sobre las pensiones para los trabajadores desmoronaron la estructura más antigua de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Latinoamérica, el modelo que nació en los 80 y se exportó a diversos países de la región: se espera que la generación más joven tenga que ahorrar cerca de 40 años para acceder a un monto de retiro.

El presidente Piñera firmó la iniciativa de Ley Corta al Sistema de Pensiones este lunes. Pretende aumentar el pilar solidario que aporta el Gobierno (18 dólares más y un 80 % de cobertura a la población vulnerable) y evitar un cuarto retiro de los fondos de pensiones de los chilenos. La discusión de la iniciativa de reforma a la ley corta inició bajo la dirección de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, la tarde de este martes (21).

En este escenario el diagnóstico de Guillermo Larraín, ex superintendente de Pensiones, cargo que ocupó entre 2003 y 2006, es que fue un “error” aprobar los retiros. Y ese error, además, fue presentado como una respuesta a la pandemia.

Al inicio de la pandemia, el gobierno chileno usó su modelo focalizado para la transferencia de recursos a las personas más pobres al mismo tiempo que realizó algunos movimientos —como la renovación de créditos, préstamos para capital de trabajo— para que las empresas se mantuvieran saludables. Sin embargo, la clase media chilena, amplia y frágil, en opinión de Larraín, se quedó en el limbo.

En un recuento, el especialista comenta que, al observar que la clase media no tenía ahorros para financiar la crisis salvo los ahorros de los fondos de pensiones, quienes querían terminar con el sistema de fondos “aprovecharon la situación y permitieron los tres retiros. Entonces el Gobierno se dio cuenta de su error, pero llegó tarde para universalizar la oferta del gasto público”, explica Larraín en entrevista exclusiva para LexLatin.

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