Por Josette Altmann-Borbón

América Latina enfrenta una situación compleja producto de una acumulación de crisis que se vienen arrastrando desde hace décadas y han venido a empeorar los graves problemas estructurales de las sociedades. Problemas como la desigualdad, la pobreza, la inequidad, la inseguridad, la degradación ambiental, las violencias, el desempleo, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, a los que se suman ahora los efectos negativos de la pandemia por la COVID-19 y la guerra en Ucrania, generando mayores enojos ciudadanos que dificultan la gobernabilidad y debilitan la calidad de la democracia en todos los países de la región.

En este contexto la cooperación es esencial. Ello quedó de manifiesto en las dificultades que aún persisten para enfrentar los impactos de la pandemia, los cuales han expuesto injusticias sociales y económicas, así como brechas digitales en el acceso al empleo y la educación. Ningún país por sí mismo, ni siquiera las grandes potencias mundiales, ha podido resolver los problemas globales, siendo el más apremiante, porque pone en riesgo nuestra propia existencia, el cambio climático. En este escenario, las instituciones multilaterales están llamadas a ejercer una acción coordinada a nivel global. Sin embargo, estas instituciones se han visto debilitadas en los últimos años por el surgimiento de nacionalismos, el extremismo, e incluso los intereses comerciales y económicos de algunos países.

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