El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, proyecta incorporar a 40.000 nuevos adultos mayores al programa de pensiones para el próximo año. En 2024, la iniciativa sumó a 20.000 beneficiarios, alcanzando un total de 323.000 personas que reciben la pensión equivalente al 25% del salario mínimo.

Paula Carro, vocera de la Presidencia, destacó que el programa busca garantizar el derecho a la pensión a adultos mayores de 65 años, siempre que no sean jubilados ni perciban un salario o posean más de 30 cabezas de ganado. “Esta administración está comprometida con mejorar la cobertura y corregir errores en el sistema para evitar irregularidades”, señaló Carro.

El programa de pensiones está destinado a personas mayores de 65 años. Sin embargo, hay excepciones:

1. Personas con discapacidad: Pueden acceder desde los 60 años.
2. Población indígena: Tienen derecho desde los 55 años.

La interoperabilidad de bases de datos permite una inscripción automática, agilizando el acceso al beneficio. A partir de 2025, se realizará una nueva convocatoria para garantizar la inclusión de más beneficiarios.

En diciembre de 2024, 7.300 nuevos beneficiarios cobrarán su pensión el 23 de diciembre exclusivamente por ventanilla, dado que aún no poseen tarjetas habilitadas. El monto mensual del beneficio es de G. 670.093.

Carro aseguró que el sistema automático de inscripción continuará mejorando para evitar casos de beneficiarios fallecidos o irregularidades en las listas.

El Gobierno trabaja en la universalización del programa, ajustando los criterios y mejorando la gestión. Según Carro, no se tolerarán abusos o fraudes en el sistema, y cualquier irregularidad será investigada.

El programa, que busca garantizar un ingreso básico para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, enfrenta retos como la actualización de bases de datos y la supervisión de los beneficiarios.

La próxima convocatoria se llevará a cabo en los primeros meses de 2025. Durante este periodo, el Ministerio de Desarrollo Social implementará medidas para asegurar que el proceso sea transparente y eficiente, reafirmando su compromiso con la inclusión social.

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