Panorama de las fintech Principales desafíos y oportunidades para el Uruguay

Por Martín Lavalleja 

Las empresas que proveen productos y servicios financieros innovadores, mediante la utilización de tecnología han tenido un crecimiento exponencial en el mercado financiero mundial en los últimos años. Estas empresas reducen los costos y simplifican los procedimientos, mejorando la eficiencia de los servicios financieros, lo que favorece la inclusión financiera y el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.

América Latina no se ha quedado al margen de esta evolución, produciéndose un marcado crecimiento en los emprendimientos fintech, mientras que la regulación en la mayoría de los países es aún incipiente. México es el país que presenta un mayor grado de desarrollo regulatorio, mientras que Brasil y Colombia están en etapas de desarrollo, aprobación y entrada en vigor de nuevas normativas.

En 2019 el sector fintech en Uruguay estaba compuesto por 63 empresas, operando en diversos segmentos. El segmento más destacado, es el de empresas que desarrollan productos tecnológicos específicos para instituciones financieras, representando el 25% de las relevadas. En segundo lugar, ubicamos a las empresas que otorgan préstamos a través de una plataforma electrónica con el 24%. Con el 21% de las empresas encontramos al segmento de pagos y remesas.

En materia regulatoria, el Banco Central de Uruguay reglamentó en noviembre de 2018 la operación de las empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas. Por otra parte, la Ley 19.820 regula a las plataformas de financiamiento colectivo (Crowdfunding) estableciendo los requisitos para su funcionamiento. Al momento de elaborado este trabajo no existían empresas registradas bajo estas normativas.

Teniendo en cuenta el impacto positivo que los emprendimientos de préstamos ente pares pueden tener en el sistema financiero, este trabajo recomienda explorar la posibilidad de implementación de un Sandbox regulatorio, que a partir de la reducción de las exigencias para funcionar y el establecimiento de un plazo, permita valorar en la práctica los riesgos reales.

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