La quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones amenaza con arrastrar la economía panameña. A medida que pasa el tiempo es mayor el riesgo que implica la insuficiencia de fondos para hacerle frente al pago de las jubilaciones.

Pero el pasado 2 de enero, cuando el presidente Laurentino Cortizo tuvo la oportunidad de decirle al país cómo abordaría de forma inmediata la crisis para evitar el efecto dominó que se avecina, el mandatario decidió dedicarle menos de dos minutos a este tema, apelando a un diálogo, que tras un año de parálisis no tiene indicios de reactivarse.

Los miembros de ese diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) no han recibido ninguna respuesta o información en cuanto al reinicio o reactivación de las conversaciones desde que se suspendieron en diciembre de 2021, de acuerdo con información recibida ayer por este diario.

Primero, la excusa de detener las discusiones fue esperar el diagnóstico del IVM por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, el informe estuvo en manos del Gobierno desde septiembre de 2022, sin que se reiniciara el diálogo, porque la segunda razón para seguir dilatando el proceso fue solicitar a los representantes de la OIT que sustentaran el informe del estudio actuarial, y que además incluyeran escenarios con posibles soluciones, para que, “nos ayuden a tener alternativas para poder tomar una decisión bien informada”, dijo en su momento el director de la CSS, Enrique Lau.

Organizaciones empresariales, asociaciones independientes y financistas advierten de lo riesgoso que resulta seguir en el estatus actual.

El gasto anual del subsistema del IVM es de aproximadamente un 2% del producto interno bruto y alcanzará un pico máximo de 3.9% en la década de 2030.

La reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto de los ingresos por contribuciones, el agotamiento de la reserva total en 2024 y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto del subsistema, ratificó la OIT.

Esto dará como resultado que el déficit operativo anual proyectado en términos nominales crezca cada año y alcance un tope máximo anual en 2050 cercano a los $7,500 millones.

Y mientras que el país no cuenta con fondos para financiar tal hueco financiero, se evidencia una falta de urgencia en atender la crisis del subsistema de pensiones en la CSS, lo que valió para que la agencia de calificación Moody´s ratificara la calificación del país en Baa2, pero cambiará la perspectiva a negativa por las crecientes presiones fiscales derivadas del contexto actual, así como de las perspectivas de la CSS.

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