El pasado jueves 7 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional alteró el orden del día para priorizar los debates de dos propuestas de ley vinculadas con beneficios o entrega de bonificaciones a personas en edad de jubilación y los que ya están pensionados.

Se trata de una movida política estratégica en pleno periodo electoral, entendiendo que en la Caja de Seguro Social (CSS) hay 300 mil pensionados y el subsistema exclusivamente de beneficio definido está compuesto en su totalidad por 600 mil personas, incluyendo los trabajadores aún activos, que se irán retirando paulatinamente de la vida laboral.

El proyecto de Ley 964, presentado por el diputado perredista Javier Sucre “crea bonificaciones permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS)”.

En la agenda legislativa este proyecto pasó de un solo plumazo del punto 162 al lugar 12.

A través de dicho proyecto, aprobado en primer debate, se pretende otorgar tres bonificaciones permanentes para los jubilados y pensionados del IVM y el programa de Riesgos Profesionales de la CSS.

Los jubilados recibirían anualmente a través de este programa dos beneficios por un monto de $50 cada uno, efectivos el mes de abril y agosto, respectivamente; además de un beneficio por un monto de $40 que se desembolsaría durante el mes de diciembre. Este monto es adicional al bono que ya paga anualmente la CSS.

Según el proyecto de ley, el Órgano Ejecutivo deberá incluir en el presupuesto general del Estado las partidas correspondientes que serán asignadas y financiadas con el impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas.

El Gobierno ya tiene fuertes presiones presupuestarias ante el déficit que enfrenta el subsistema exclusivamente de beneficio definido del IVM.

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