Hoy inicia una de las conversaciones más esperadas desde principios de esta administración gubernamental. Las mesas de trabajo para superar la crisis de la Caja del Seguro Social (CSS) y el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), como lo anunció el pasado jueves el presidente José Raúl Mulino, en un anuncio a la nación, serán la metodología para dar fin al déficit en el programa así como terminar con los malos servicios en la CSS.

Estas conversaciones estarán conformadas por los diferentes gremios de trabajadores, la empresa privada, el sector salud y el gobierno, que según el mandatario deberán traer a la mesa soluciones sostenibles económicamente, pues en juego se encuentran las jubilaciones futuras generaciones y un sistema de pensiones que ya no puede más.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se abre la conversación en torno al programa IVM, de hecho, son las conversaciones en 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, las que reavivaron el tema. Con la designación de Dino Mon, actual director de la CSS, los gremios de trabajadores temían que aumentaran las edades de jubilación, la cuota obrero-patronal o peor aún, se privatizara el sistema de pensiones de la CSS.

Esto se debe a que durante las discusiones de 2005, de la cual se realizaron reestructuraciones a la Ley 51 y por consecuencia se pasó del sistema solidario al mixto, Mon fue uno de los que impulsó esta decisión. Además, su posición como CEO de la empresa de seguros, Mapfre, causaba desconfianza entre sindicatos.

¿Qué pasó en 2005?

Hace 19 años, la mesa de diálogo estaba conformada por 12 organizaciones, se proponían tres soluciones: un sistema de reparto similar al que en ese momento se tenía, otro de capitalización exclusiva llamado “sistema cooperativo” y finalmente un régimen mixto, que mezcla los aportes colectivos con las cuentas individuales, resultando como escogido este último.

De acuerdo a información del Órgano Judicial, la Ley 51 hizo una serie de reformas a la Ley Orgánica de la CSS y dictó otras disposiciones. Estas tenían como objetivo promover y facilitar la incorporación de los trabajadores a la Caja de Seguro Social, proteger a los trabajadores sin discriminación por razones de salud, sexo, condición social, política y económica y ampliar la cobertura de la Caja de Seguro Social.

La reforma del 2005 también destinó parte del dinero aportado por los jóvenes a su propia cuenta individual, lo que amortiguó el colapso del modelo piramidal del IVM.A su vez, según el CSS, esta ley crea dos subsistemas: el ‘Exclusivamente de Beneficio Definido’ (EBD), en donde se encuentran los primeros 500 balboas aportados al sistema por cada usuario, y el mixto, en el que se encuentra el resto de lo aportado por los trabajadores.

Actualmente, las personas que financian este subsistema son muchas menos que la cantidad de personas que se jubilan y se convierten en beneficiarios, creando un déficit financiero en el sistema de pensiones.

Según el anterior director de la CSS, el doctor Enrique Lau Cortés, en el año 2020 ya se alcanzaba un déficit de $507.4 millones, el cual iría aumentando sin manera de poder pagarlo. Para este año, ya se superaban los $673.5 millones, lo que representa un aumento de $18.9 millones a diferencia de la cifra registrada en diciembre del 2022, unos $654.5 millones.

La realidad actual es que más del 80% de la población panameña contribuye a la CSS con la esperanza de obtener una pensión al retirarse de la vida laboral activa.

Otro gran reto que se tomará en cuenta durante estas mesas de diálogo para la CSS es el aumento en la esperanza de vida. Al momento de su creación, las personas vivían un promedio de 10 años tras alcanzar la edad de jubilación; hoy en día, esta expectativa supera los 25 años y continúa en aumento.

Este incremento en la esperanza de vida genera una mayor presión sobre los recursos del sistema, ya que las personas pasan más tiempo recibiendo sus pensiones. Las mesas de diálogo deberán abordar la necesidad de realizar ajustes que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, asegurando que las futuras generaciones también puedan beneficiarse de las pensiones.

Esto podría implicar reformas en las edades de jubilación, en las contribuciones o en la manera en que se invierten los fondos, entre otras medidas. La viabilidad financiera de la CSS dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en estos espacios de discusión.