Tras más de tres lustros de debate, el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva reforma de pensiones en Países Bajos, que introduce novedades en un modelo mixto que para algunos analistas recuerdan poderosamente al chileno. La pregunta sobre los motivos por los que el considerado como mejor sistema de pensiones del mundo va en dirección contraria a la aprobada por José Luis Escrivá y se mira en el espejo de uno de los más polémicos, reabre el debate en nuestro país sobre el modelo para financiar las prestaciones.

La reforma holandesa fue el último gran hito logrado por el Ejecutivo de Mark Rutte antes de su caída, que se produjo la pasada semana ante el desacuerdo político en las políticas migratorias. Una coyuntura que da todavía más valor a un consenso en pensiones que en España se antoja imposible. Aunque también lo parece el propio sistema de pensiones neerlandés.

Y es que este modelo se basa en tres pilares. El primero son las prestaciones públicas financiadas por cotizaciones (denominadas pensiones AOW), pero el grueso de lo que reciben los trabajadores proviene del segundo: las aportaciones a planes colectivos de empresa. El tercero, son los planes individuales.

Con ello se garantiza una tasa media de reemplazo de la pensión que, según datos de la OCDE, alcanza el 89,2% sobre el salario. Son nueve puntos más que España, sin el impacto en déficit público de un sistema como el nuestro, en el que el papel del ahorro privado es muy inferior al de la parte financiada por cotizaciones.

El problema que afronta el modelo de Países Bajos, que históricamente se ha considerado el mejor sistema del mundo es, precisamente, que ante el aumento de los intereses y las primas los fondos ya no podían garantizar una tasa de sustitución tan elevada y que además compensara la inflación, lo cual amenazaba con llevar a recortes en las futuras prestaciones. Pero también amenazaba con comprometer la fortaleza del propio sistema financiero neerlandés, tras haber sido unos de los más resistentes durante la crisis financiera de 2008.

Por ello, el ‘giro copernicano’ del sistema pasa de garantizar las prestaciones que recibirán los trabajadores a “garantizar” las aportaciones que hagan. Es decir, los fondos informarán a los trabajadores de las aportaciones que deben hacer en qué fondo y el riesgo de sus inversiones, para que tengan una idea mucho más clara y realista de la prestación a la que tendrán derecho. Esto, de facto, supone un espaldarazo a los planes de ahorro individuales.

Un sistema con prestigio y muchos parches

¿En qué se parece esto al modelo chileno? Con la reforma, el sistema de pensiones holandés incluye elementos que recuerdan al sistema de capitalización individual obligatoria del país andino. No solo ‘facilita’ que los trabajadores se dirijan a estos vehículos de ahorro, de hecho, les insta a ello. Aunque hay muchas diferencias a tener en cuenta entre ambos modelos.

El caso de Chile es el ejemplo más conocido de un sistema de capitalización individual obligatoria, según el cual todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo o ingreso en una cuenta personal de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Con ello, el trabajador dispone de varias opciones para organizar su retiro.

Esta fórmula se ve como referente por aquellos consideran que el modelo contributivo y de reparto, como el español, es insostenible y consideran que el peso debe reposar sobre el ahorro individual, porque tampoco les convence un sistema de planes públicos, sectoriales o empresariales de pensiones. En este sentido, creen que la reforma holandesa, igual que hace un año, la sueca, que también potenció los planes individuales, les da la razón.

Pero el modelo chileno está lejos de ser perfecto. De hecho, ha sufrido más de medio centenar de reformas desde su constitución en 1981, bajo el diseño del ministro de Trabajo y Previsión Social de Pinochet, José Piñera. Los siguientes gobiernos, democráticos, han mantenido y desarrollado lo esencial de la fórmula basada en las administradoras de fondos de pensiones, pero la han completado con diversos cambios (como introducir un ‘pilar solidario’ o flexibilizar la elección de los fondos) que lo acercan más a un modelo mixto como el existente en Países Bajos o Suecia. Es decir, que la influencia ha sido recíproca.

Pero ni estos cambios han servido para salvar el principal escollo del sistema de pensiones chileno: la tasa de reemplazo del sistema de pensiones apenas llega al 38,5%. Mucho menos de la mitad que el español, que supera el 80%, lo que aboca a una nueva tanda de reformas por parte del Ejecutivo de Gabriel Boric.

La práctica unanimidad de analistas, incluso los más críticos, admiten que este fracaso se debe en buena parte a la propia estructura del mercado laboral chileno, con un alto porcentaje de empleos a tiempo parcial y bajos salarios que no permite aprovechar las ventajas de los modelos de capitalización individual, como una rentabilidad (e incremento de las futuras prestaciones) mucho mayor que cualquiera de los públicos. El argumento es que, aunque se eleven las aportaciones (el tope es un 10%), esto en Chile no rinde igual que en Holanda o incluso España.

El debate resurge en España

A esta idea se puede objetar que nada impide a un español hacerse un plan privado de pensiones y de hecho se les considera el ‘tercer pilar’ del sistema en nuestro país. Pero si los trabajadores no lo consideran atractivo, es por el riesgo que supone, para ellos, la inversión en un fondo frente a la ‘rentabilidad’ del pilar publico.

La clave del modelo de capitalización, ya sea en sus versiones chilena u holandesa está en que estos planes pasarían de tener un papel minoritario y un respaldo público, limitado a algunos incentivos fiscales, a considerarse parte troncal de las futuras pensiones, ya sea con aportaciones ‘obligatorias’ como en Chile o ‘garantizadas’ como en Países Bajos. A cambio, la garantía pública, en términos de transparencia y control de los riesgos (aunque no de la cuantía de las prestaciones, que depende de los que se aporte) es mucho mayor.

Esta es ventaja sobre los completamente privatizados, aunque el mayor atractivo en España, que explica el gran interés que despierta la fórmula, es que reduciría los costes laborales, ya que las cotizaciones sociales obligatorias se reducirían para que cada trabajador destine esa parte a la capitalización individual.

Aunque lo que más valoran las entidades financieras es que este sistema insta a hacer más aportaciones y de manera continua, algo especialmente interesante en un país como España donde la mayoría de los planes de pensiones individuales están ligados a la firma de una hipoteca y recibe aportaciones escasas. De ahí buena parte de las voces que defiende estudiar esta fórmula en nuestro país.

En el camino de la última reforma de pensiones se quedaron ‘fuera’ los productos de capitalización individual, es decir, los planes personales cuya contratación se sigue considerando una decisión voluntaria. Y no solo se consideran al margen del sistema de pensiones mixto, sino que han recibido un recorte de sus incentivos fiscales para estimular los planes colectivos. El PP se ha comprometido a revertirlo, aunque esta idea no ha tenido eco en su programa electoral.

La reforma de las pensiones españolas no plantea un sistema verdaderamente mixto, ya que el peso sigue recayendo en las prestaciones públicas financiadas por cotizaciones, pero avanza hacia ello, con su apuesta por los planes de empleo empresariales y sectoriales, incluso a través de la creación de un fondo público. Una idea que se inspiraba en el funcionamiento de estos fondos colectivos en Países Bajos, pero cuyos resultados se consideran insuficientes por expertos, entidades financieras y aseguradoras.

Tampoco parece abierto a analizar el pilar de la capitalización individual en una hipotética y futura reforma de las pensiones de las que apenas ha desgranado sus puntos, más allá de que las pensiones seguirán subiendo con el IPC. Ni siquiera Vox, que en su programa electoral de 2019 sí aludía al “gran éxito” del modelo chileno (incluso hablando de AFP) y proponía un sistema nutrido al menos en un 50% de aportaciones a la capitalización individual (el resto mantendría el sistema de reparto clásico), ha recuperado esta propuesta en 2023. PSOE y Sumar, evidentemente lo rechazan de plano.

Aunque para ilustrar la posición de los partidos conviene recordar que acuerdo del Pacto de Toledo alcanzado en 2020 entre todos los grupos parlamentarios (y que debe renovar en dos años) no solo ignoraba la propuesta de un sistema de capitalización individual, sino que a la hora de valorar los planes individuales reprochaba que “la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores”.

Unas pegas que se resolverían siguiendo la fórmula de Países Bajos, aunque en un momento como el actual los partidos, a dos semanas de las elecciones, los partidos no quieren desvelar posiciones en un tema tan complejo como el de las pensiones. Aunque la reforma de nuestros vecinos será seguramente uno de los referentes que se pondrán sobre la mesa en la próxima, y aun desconocida, reforma de las pensiones.

Leer más @eleconomista