En días recientes hemos presenciado signos de que el sistema Issstezac una vez más está en crisis. Los trabajadores expresan su inquietud de distintas maneras y ya se discute el remate de los activos del sistema para pagar las deudas con sus integrantes. El problema nunca se ha enfrentado con seriedad y los gobernantes en turno sólo “patean el bote” para que otros gobernantes hagan lo mismo hasta que el barco se hunda.

La transición demográfica de México en años recientes ha provocado un cambio sustancial en la estructura de su población y se observa un proceso de envejecimiento que se agudizará durante las próximos décadas, ello plantea serios dilemas a los sistemas públicos de pensiones, pues el gasto pensionario acumulado presionará las finanzas públicas a grado tal de restringir la capacidad del Estado para atender otras demandas sociales. Para resolver el problema del desequilibrio financiero no son suficientes reformas prudentes que aspiren únicamente a modificar los parámetros relativos en que se sustentan los sistemas actuales; eso podría suponer cambios en las tasas de cotización hasta niveles imposibles de establecer o bien prolongar la edad de jubilación a una edad tan avanzada que sería difícil de implantar por la previsible oposición de los trabajadores afectados.

El nuevo sistema de pensiones deberá ser, ante todo, el fruto de la negociación y el consenso entre los participantes sociales involucrados y contemple propuestas como la de convertir la seguridad social ligada al trabajo a la seguridad social universal ligada a derechos sociales; que garantice seguros universales de salud, invalidez, vida y retiro para toda la población y coberturas laborales de riesgos de trabajo, seguro de desempleo y ayudas familiares para trabajadores formales o independientes registrados, según los recursos disponibles, y que la seguridad social basada en derechos sociales se sustente en un modelo pensionario basado en varios pilares, con un primer pilar de pensiones sociales no contributivas, para adultos mayores, fondeadas con recursos de los gobiernos locales; un segundo pilar de pensiones por vejez de acceso universal, de contribución definida y beneficio no definido, fondeado con recursos del gobierno federal; un tercer pilar contributivo de pensiones por retiro, operado mediante el Sistema de Ahorro para el Retiro, y un último pilar de pensiones adicionales, individuales o colectivas, por acuerdo contractual entre trabajadores y patrones o por ahorro voluntario.

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