Las privatizaciones de los sistemas de pensiones han pasado de moda. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documenta que en el periodo de 1981 a 2014, 30 países privatizaron sus sistemas de pensiones, 14 de los cuales son países latinoamericanos. México, por ejemplo, privatizó su sistema principal de pensiones con la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997. El mismo informe señala que 18 de estos 30 países han revertido total o parcialmente estas privatizaciones, incluyendo cinco países latinoamericanos. ¿Debería México considerar hacer lo mismo? Como explicaremos a continuación, no es fácil contestar esa pregunta de manera contundente.

El estudio de la OIT también reporta varias malas experiencias asociadas a estas privatizaciones y ofrece consejos para revertirlas. Nuestra intención en esta columna no es defender la privatización de sistemas de pensiones—existen pros y contras—pero pensamos que no sería correcto tacharla tajantemente como un fracaso. También consideramos que no es realista pensar que el simple hecho de revertir una privatización sería suficiente para resolver los principales problemas de las pensiones. Además, dependiendo de los parámetros específicos del sistema reformado, una reversión de la privatización de un sistema de pensiones podría implicar un riesgo mayor para las finanzas públicas de un país.

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