Por Alberto Aguilar

Desde que inició el sexenio, se sabía que el presidente traía en la mira resolver el complicado expediente de las pensiones. Hasta se llegó a mencionar la opción extrema de formar una sola afore del Estado, lo que se observa complicado.

La buena noticia es que ahora el propio Andrés Manuel López Obrador ya ratificó su interés, tras la machacona gestión al respecto del CCE, que comanda Carlos Salazar. Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se dejó pasar el asunto pese a la urgencia.

Y es que se requiere una reforma integral con elevados costos políticos. Hasta ahora la solución en la mesa es aumentar la aportación de las pensiones de 6.5 a 15% de aquí al 2028. Esto sólo recaerá en las empresas, ya que agrupaciones como CTM, de Carlos Aceves del Olmo, rechazaron la participación de los trabajadores. Más allá de la capacidad de las grandes compañías, no necesariamente las Pymes podrán aguantar una mayor carga cuando también aportan al IMSS y al Infonavit. El riesgo es empujarlas a la informalidad.

En ese sentido existiría una disociación entre la dirigencia de la IP y la realidad de las compañías, máxime el entorno. Además habrá que resolver la problemática de los esquemas de beneficio definido, bomba de tiempo en universidades, estados, municipios y otras dependencias.

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