El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) asegura que el próximo gobierno de México recibirá finanzas públicas sin márgenes de maniobra, sin recursos precautorios, un elevado déficit fiscal y fuertes compromisos de pagos.

“El próximo gobierno recibirá unas finanzas públicas sujetas a diversos riesgos de insostenibilidad, sin márgenes de maniobra (sin recursos precautorios) y fragilidades por parte de los ingresos públicos, así como un elevado déficit fiscal y fuertes compromisos y necesidades de gasto público en los tres órdenes de gobierno”, declara el organismo a cargo de Carlos Hurtado López.

Las presiones de gasto para los próximos años se concentran en rubros de alta prioridad social y otros ineludibles, expresa el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial y de empresas de primer nivel en México.

El futuro gobierno tiene como obligación recuperar la cobertura de la salud pública para 14.7 millones de personas que la perdieron entre 2018 y 2022, así como resolver diversos los rezagos educativos parcialmente causados por ausencia de clases en la pandemia, afirma el centro líder de investigación.

Otras obligaciones son recomponer el sistema de seguridad pública con estrategias claras y con recursos suficientes para la federación, los estados y los municipios, así como invertir en la infraestructura pública y su mantenimiento, que ha sufrido descuido, agrega.

También, el próximo gobierno tiene que elevar el presupuesto para enfrentar los mayores gastos por servicio de la deuda y las pensiones; y mantener y avanzar en los programas sociales, preponderantemente en las pensiones para adultos mayores, manifiesta el CEESP.

“Es probable que los presupuestos de 2025 en adelante tengan un respiro al acabarse la inversión física en las obras icónicas de esta administración, en particular en la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya”, dice la institución que elabora el análisis e investigación de la coyuntura económica al sector empresarial.

Recuerda que la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya han ocupado una buena parte de la inversión física del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: del 2019 al primer semestre de 2023 ha promediado solamente el 2.4% del PIB, el porcentaje más bajo en los últimos 30 años.

La terminación de las obras icónicas como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya no será un respiro presupuestario para la exigua inversión física del sector público, detalla.

El futuro gobierno tendrá que abocarse a la infraestructura de transporte, transmisión de electricidad y agua, que han sido claramente descuidadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfatiza el CEESP.

El centro de investigación asevera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostiene que el déficit público es sólo de manera transitoria y en 2024 (año electoral), implicando que el crecimiento de la deuda pública se podrá detener.

“Es muy raro que un déficit público sea sólo transitorio, a menos que se deba a un gasto adicional a lo normal que así lo sea. Eso no es el caso en México hoy día”, puntualiza.

Según el CEESP, los gastos que este gobierno ha añadido han sido en parte compensados por menor gasto que el necesario en otros rubros como educación, salud, seguridad, pandemia e infraestructura, entre otros, y en parte —no menor — financiados con deuda pública.

El futuro gobierno subsidiará las pérdidas económicas que muy probablemente tendrán los proyectos del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, expone.

“Así, en vista de las presiones fiscales que se avizoran, al gobierno siguiente le será muy difícil reducir el déficit de las finanzas públicas y detener el incremento de la deuda pública, que será 59 por ciento mayor en esta administración según el programa oficial”.

Añade que ante panoramas como este o similares, y sosteniendo que la carga tributaria en México, la recaudación de impuestos, es demasiado reducida, diversos observadores y analistas sostienen que la necesidad de una reforma fiscal es inminente, entendiendo por ello formas de aumentar impuestos.

“Pero la baja recaudación no implica necesariamente la necesidad de elevar las tasas impositivas, ya que en México son elevadas e incluso en ocasiones superiores a las de los socios comerciales”, señala.

El CEESP menciona que hay muchos negocios y personas que no contribuyen fiscalmente o que no forman parte de la base tributaria.

“Lo recomendable en cuanto a la tributación fiscal para el próximo gobierno es evitar el aumento de impuestos y más bien antes hacer lo necesario para ampliar la base gravable”.

El futuro gobierno debe asegurar la tributación de quienes tradicionalmente han evadido o eludido los impuestos sobre la renta, en especial, proveedores de servicios —profesionales y otros —, y arrendadores de inmuebles, entre ellos, además de combatir de raíz la ilegalidad;

También buscar mayor eficiencia en la recaudación del IVA, con tecnologías para la comprobación y ordenamiento de las devoluciones, combatiendo la simulación y agilizando las legítimas, así como evaluar formas alternativas que pudieran ser más eficientes para su cobro; reducir el uso de efectivo en la economía, ya que facilita la evasión.

“En un mes normal, el efectivo en circulación supera los 20,000 pesos por persona, cifra exorbitante a todas luces. Se podría limitar su uso para transacciones por arriba de ciertos montos a cambio de medios electrónicos o cheques nominativos; y Fortalecer el impuesto predial.

Un sistema más eficiente del impuesto predial sería una fuente potencial de ingresos a nivel municipal, pero que aliviaría presiones a la federación. Sería también un elemento de corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno. Con la voluntad y los incentivos adecuados, es un impuesto fácil de fiscalizar, genera pocas distorsiones, puede ser progresivo y empoderaría a los gobiernos locales.

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