Los problemas para Oro Negro comenzaron en el 2014 cuando Pemex otorgó un paquete de cinco contratos a SeaMex —una asociación entre Seadrill y Fintech, de David Martínez— en condiciones inéditas: se le otorgaron tarifas más elevadas por activos de menor especificación; se le dieron plazos más largos; se introdujeron para ella bonos de desempeño que elevan considerablemente la contraprestación total; se redujeron las penalidades y se incluyeron cláusulas que hacen prácticamente imposible la terminación unilateral de su contrato. Dicho trato preferencial convirtió a Oro Negro, que brinda un servicio idéntico con activos de mejor calidad, en una “empresa de segunda clase”.

Debido a un ajuste presupuestal impuesto por el gobierno federal, Pemex solicitó a sus proveedores “solidarizarse” con la institución y otorgarle concesiones. Pemex ofreció reducciones temporales de tarifa a cambio de extensión en el plazo de los contratos. Al vencimiento del plazo acordado, Pemex solicitó un alivio adicional con otro periodo de 12 meses de reducción de tarifas y, en el caso de Oro Negro, suspensión de dos contratos (40% de su flota) a cambio un de plazo adicional en la vigencia de los contratos. Durante la negociación de este segundo periodo de alivio y como medida de presión, Pemex retuvo a Oro Negro los pagos durante 11 meses.

La combinación de la reducción de la tarifa y la suspensión de dos plataformas mermó el ingreso contractual de Oro Negro en más de 56 por ciento. Al vencimiento del segundo lapso, Pemex incumplió nuevamente el convenio y buscó un tercer ajuste a los contratos. La propuesta de Pemex para este tercer convenio, a diferencia de los dos anteriores, no fue de naturaleza temporal y buscó establecer de forma permanente el nivel de tarifas del segundo convenio modificatorio sin compensación alguna, y extendiendo el periodo de suspensión de las dos plataformas, limitando severamente la generación de flujo de la empresa.

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