Hasta 2016, el salario mínimo en México no cumplía plenamente con la función social establecida en el artículo 123 de la Constitución, que exige que esta remuneración sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, incluyendo aspectos materiales, sociales y culturales. Entonces, como se ha venido dando en los últimos años, el aumento de las pensiones ya existentes en 2025 no crecerá al ritmo del salario mínimo, sino de la UMA. Esto afecta a los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La diferencia es que, mientras en los últimos años el salario mínimo se incrementó por arriba del 20 por ciento, la UMA – que se basa en la inflación – se mantuvo alrededor del 5 por ciento y se espera que ese mismo promedio sea aplicable para 2025, lo que limitaría de nuevo, el incremento de las pensiones en 2025, como las que pagan el IMSS y el ISSSTE. Y aunque aún no se determina el incremento para el salario mínimo en 2025, diversos sectores apuestan porque sea de más del 10 por ciento.

En los últimos años han habido gestiones para evitar que las pensiones se sigan quedando rezagadas con el factor de la UMA respecto al salario mínimo, pero no se ha legislado para cambiar este esquema. Con la reforma constitucional de 2016, se desindexó el salario mínimo como unidad de referencia económica, lo que permitió su uso exclusivo como medida de remuneración laboral. Este cambio buscó equilibrar el salario real con el indexado, reduciendo su utilización como base para obligaciones fiscales y económicas.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) fue introducida como resultado de esta desindexación. Según la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (LDVUMA), la UMA es un valor económico que se utiliza como base para calcular obligaciones fiscales, derechos y otros conceptos previstos en leyes federales, estatales y de la Ciudad de México.

El valor de la UMA se determina anualmente por el INEGI, con base en la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), un indicador que mide la inflación mediante los cambios en el costo de una canasta básica de bienes y servicios.

En la Ciudad de México, la Unidad de Cuenta desempeña funciones similares a la UMA en la determinación de obligaciones locales, adaptándose a las condiciones específicas de la administración capitalina.

La introducción de la UMA ha tenido repercusiones económicas tanto para el Estado como para los contribuyentes.

Por un lado, permite que las obligaciones fiscales y derechos no pierdan valor frente a la inflación, beneficiando al Estado como recaudador y proporcionando cierta estabilidad a empresarios y trabajadores.

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Por otro lado, el salario mínimo se ha mantenido como una medida de retribución laboral que, al estar desindexado, ya no afecta directamente los cálculos económicos en áreas como impuestos, cuotas o derechos.

Sin embargo, la desindexación ha generado efectos adversos en sectores donde las prestaciones e ingresos estaban vinculados al salario mínimo general vigente (SMGV).

Por ejemplo, seguros de gastos médicos, becas estudiantiles como las otorgadas por el CONACYT y pensiones del ISSSTE e IMSS, que se calculaban en múltiplos del SMGV, se han visto afectadas al ajustarse los valores según los nuevos parámetros.

La desindexación del salario mínimo y la creación de la UMA representan un esfuerzo del Estado mexicano por modernizar y separar los usos de estas herramientas económicas.

Impacto de las UMAs en las pensiones de los trabajadores
Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las referencias al salario mínimo en leyes federales y estatales deben interpretarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este cambio afecta la determinación y pago de contribuciones, límites, exenciones y derechos, incluyendo los cálculos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Seguro Social y el Infonavit, entre otros.

De acuerdo con análisis legislativos de años previos, el cálculo de las pensiones utilizando la UMA en lugar del salario mínimo ha resultado en una disminución significativa en el monto de las pensiones. En promedio, esta medida ha reducido el ingreso de los pensionados en aproximadamente un 30%, lo que impacta negativamente su poder adquisitivo durante la jubilación.

Un caso representativo de esta afectación se observa desde 2016, el primer año en que se adoptó la UMA como referencia. En ese año, la pensión promedio en México era de $4,706 pesos mensuales, mientras que el salario mínimo tuvo un aumento del 9.6%, un incremento significativo tras ser desvinculado de otros cálculos.

Si el ajuste a las pensiones se hubiera realizado con base en el aumento del salario mínimo, la pensión promedio habría subido a $5,157 pesos. Sin embargo, al aplicarse la UMA, el incremento fue de apenas el 3.3%, resultando en una pensión final de $4,867 pesos. Esto evidencia una diferencia de $290 pesos mensuales que dejó de percibir el pensionado.

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