El Estado mexicano asumiría un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, de acuerdo con el IMCO.

Las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer en la Constitución que los adultos mayores deben recibir la Pensión Universal a partir de los 65 años de edad, así como la que formaliza el Fondo de Pensiones para el Bienestar, comprometerían a futuros gobiernos a realizar un gasto importante en esos rubros, advirtieron analistas.

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“Esta reforma formaliza el hecho de que las personas de 65 años y más ya reciben una pensión no contributiva vía el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM)”, dice en análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas en el IMCO, aseguró que de aprobarse estas dos iniciativas (que forman parte de las 20 que mandó el presidente López Obrador en febrero pasado) supondría que los próximos gobiernos tendrán que gastar sí o sí en en estos rubros.

“Va a ser muy difícil que lo puedan revertir porque va a estar en la Constitución, no van a bastar con que deroguen el Fondo o el programa, sino que deberán realizar una nueva reforma constitucional en la materia”, advirtió el coordinador de finanzas del IMCO.

Una de las reformas que envió AMLO en febrero pasado es la de formalizar el hecho de que las personas de 65 años y más reciben una pensión no contributiva vía el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La reforma que se propone es al Artículo 4 de la Constitución para establecer que será a partir de los 65 años cuando la población tendrá derecho a exigir esa pensión no contributiva y no desde lo 68 años como dice el texto constitucional actualmente.

Además, otras de las reformas que envió AMLO es al Artículo 123 constitucional para establecer la garantía de que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, esto con un complemento que dará el gobierno a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Aunque el Ejecutivo no estima el costo fiscal asociado a estas iniciativas, ni su evolución a mediano o largo plazo, la aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, el cual será significativo a lo largo de los siguientes años”, advirtió el IMCO.

El IMCO estima que el costo de la Pensión Universal de los Adultos Mayores para 2050 ascienda a 2.08 billones de pesos al año, esto debido a que, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la cantidad de adultos mayores pasará de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones para mediados de siglo.

Para el 2024, el presupuesto de la Pensión Universal de los Adultos Mayores es de 465,000 millones de pesos, lo que representa 5.1% de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cabe resaltar que estas dos reformas no están entre las cinco que, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, se acordó serán prioridad una vez que se instale la nueva legislatura en septiembre.

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