Recientemente se han presentado protestas en Francia a raíz de una reforma que pretende modificar la edad de retiro. La reforma pretende aumentar la edad legal mínima de jubilación de 62 años a los 64 años a partir del año 2030, incrementándose también los años de cotización exigida para obtener una pensión completa de 42 a 43 años hasta el 2027. Estas protestas ejemplifican uno de los temas más candentes de debate a nivel mundial: La necesidad de modificar (o no) la edad en que se accede a la jubilación.

Cuando se estableció la edad de retiro previa en Francia, la esperanza de vida era ligeramente inferior a los 70 años, lo cual implicaba en promedio sobrevida en jubilación de aproximadamente ocho años. A la fecha, considerando incluso la caída de un año a raíz de la pandemia, la sobrevida esperada después de la jubilación es de 20 años.

El modelo de pensiones francés opera como funcionaba el mexicano hasta antes de la reforma de las Afores. Se trata de un modelo de reparto en el que los trabajadores vigentes financian con sus contribuciones a los pensionados y se complementa con una pensión mínima, garantizada por el Estado.

El problema es que de acuerdo con las estimaciones el gasto en pensiones en el 2032 representará cerca de 15% del PIB y que mientras en 1954 había cuatro trabajadores activos para “financiar” a un pensionado, para el 2040 serán solo 1.3 trabajadores.

Para la mayoría de las personas, este cambio lo entienden como una afectación a sus derechos adquiridos. El problema es, sin embargo, de viabilidad de los sistemas de pensiones mundiales. Los limites fiscales de los estados y el impacto en generación de riqueza de economías que envejecen aceleradamente crean una rígida cota de acción a los gobiernos.

México enfrenta un problema de distinta naturaleza, dado que con la reforma se pasó de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Sin embargo, persisten deficiencias estructurales como el monto de contribución, que, aunque mejorará con la nueva reforma de este gobierno, generará una mayor presión fiscal en las siguientes décadas. Además, persiste el hecho de que la edad de jubilación (65 años) presenta una diferencia importante con la esperanza de vida (75) que ira creciendo de manera acelerada en las siguientes décadas.

Hoy éste, como muchos otros fenómenos, presenta la disyuntiva entre las soluciones técnicas que requieren los problemas (económicos, sociales e incluso políticos), con la resistencia de distintos grupos sociales que evidentemente (y de manera justificada) tienen intereses de corto plazo, frecuentemente contrapuestos con las necesidades que como sociedad se tienen para el futuro.

Ello además casi siempre es influenciado por grupos políticos que, en un afán de obtener respaldo de corto plazo, son capaces de comprometer promesas, que de manera objetiva saben que no tendrán viabilidad futura, pero que les reditúan apoyos en el presente.

El problema es tan complejo que es difícil pensar en soluciones técnicamente viables y políticamente ejecutables, por ello, igual o más importante aún resulta pensar cómo enfrentar hoy los retos pensionarios y repensar la actividad económica de las personas de más de 65 años que, en economías crecientemente orientadas a la información y bajo nuevos modelos de generación de habilidades, pueden continuar siendo productivos y generando bienestar económico para ellos, sus familias y apoyar el crecimiento económico de los países.

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