Con 483 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución que plantean la entrega de una pensión contributiva a personas adultas mayores y personas con discapacidad menores de 65 años.

El dictamen que modifica los artículos 4° y 27° de la Constitución Política, reduce de 68 a 65 años la edad de los adultos mayores para recibir una pensión por parte del Estado.

De igual manea, procura la rehabilitación de personas con discapacidad menores de 18 años.

Garantiza la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies; y un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores, así como a los pescadores de pequeña escala.

Asimismo, eleva a rango constitucional el programa Sembrando Vida y mantiene los precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

Establece la obligación del Estado de destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar estos derechos.

A propuesta del PT, el pleno aprobó una reserva para que en el artículo 4° de la Constitución establezca que toda persona tiene derecho a disfrutar una vivienda adecuada (el texto actual se refiere a familia y a una vivienda digna y decorosa)

Morena, PT y Verde señalaron que esta reforma es un avance en la construcción de un México más justo y solidario, impulsado por la denominada 4T.

Afirmaron que entre 2018 y 2022, 5.1 millones de personas dejaron la pobreza debido a los apoyos sociales y más de 13 millones de personas adultas mayores reciben una pensión digna.

Recordaron que para 2024 se han destinado 465 mil millones de pesos para la pensión de adultos mayores y 27 mil millones de pesos para la de personas con discapacidad.

Legisladores defienden reforma

Durante su posicionamiento, la diputada por Morena, Dolores Padierna explicó que el monto asignado a cada pensión no se podrá reducir.

“El presente dictamen establece que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, les corresponde una pensión no contributiva por la discapacidad y a todas las personas mayores de esa edad, les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores.

“El monto de los recursos asignados no podrá disminuido respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior..

En tanto, el morenista Carlos Alonso Castillo Pérez destacó que este modelo en la entrega de los programas sociales terminó con la corrupción de intermediarios.

“Algo que debemos rescatar de esta reforma es la continuidad de los principios que rigen los programas de bienestar de la Cuarta Transformación, la entrega directa de los apoyos y eliminación de intermediarios, este modelo ha permitido reducir la corrupción y asegurar que los recursos lleguen a quien más los necesitan, sin condicionamientos políticos, sin favores y sin manipulación.

“Durante la pandemia los programas de bienestar fueron un sostén económico crucial para millones de mexicanas y mexicanos”.

Por su parte, la legisladora Lilia Carbajal, del Partido Verde Ecologista de México, reconoció que estos programas sociales implementados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador demostraron eficacia en la atención de grupos vulnerables.

“La presente reforma en materia de bienestar está encaminada a convertir los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución. Los programas y políticas públicas implementadas durante el gobierno anterior, demostraron una eficacia de atender a los grupos marginados y en situación de vulnerabilidad, como lo han sido nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, pescadores, quienes merecen vivir dignamente”.

Oposición pide reglas claras

Panistas, priistas y emecistas se pronunciaron a favor de la reforma y de los programas sociales, pero con reglas claras, con transparencia y con herramientas que permitan su fiscalización para el bueno uso de los recursos públicos, y para que no se utilicen con fines electorales o partidistas.

Al asegurar que los programas sociales llegaron antes que Morena al gobierno, señalaron la necesidad de reglas para evitar el mal manejo de recursos como en Segalmex que presentó irregularidades por unos 15 mil millones de pesos.

Reconocieron avances, pero la pobreza extrema creció, ya que 50 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la salud y muchos jóvenes no tienen posibilidad de contar con una vivienda.

Raúl Lozano Caballero de MC, demandó que un marco que evite el uso electoral de los programas sociales, el cobro de “moches”, a los intermediarios o que beneficie a personas no productivas.

“Y mucho menos, y aquí quisiera hacer un énfasis, de este tipo de programas del bienestar que se usen y se aprovechen con fines electorales.

“Esto es algo que vivimos en el pasado proceso electoral, donde la gente más vulnerable en campaña nos decía que tenían que votar por Morena, porque si no, les iban a quitar sus programas sociales”.

“Esto es una vil mentira, hoy la mayoría de estos programas están consagrados en la Constitución y son un derecho humano de las personas”.

Los panistas lamentaron que no se hayan incluido reservas para garantizar la transparencia de los recursos destinados a los programas sociales.

En lo particular se emitieron 408 votos a favor y 65 en contra.

La minuta se turnó al Senado de la República para su debate y votación, de aprobarse pasará a los Congreso locales.

 

 

 

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