Ciudad de México. Como consecuencia de las más de cuatro décadas de políticas neoliberales en México, en la actualidad sólo el 30 por ciento de las personas adultas mayores tienen derecho a una pensión, y de ese total, sólo una cantidad menor logró acceder a un fondo digno, por lo que los recursos de los programas sociales dirigidos a este segmento son “importantísimos”.

Así lo afirmó Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien destacó la trascendencia de dichos apoyos para reactivar el mercado interno, y defendió que esos programas se hayan elevado al rango de derecho constitucional.

En entrevista con La Jornada, la investigadora enfatizó que el origen de la precariedad en la que viven actualmente millones de personas adultas mayores –y que las lleva a necesitar los recursos de los programas sociales del gobierno– se ubica con el fin del modelo económico de sustitución de importaciones, y la llegada del neoliberalismo, a finales de la década de los 70.

Aún cuando la esperanza de vida de los adultos mayores comenzó a aumentar de forma importante, el gobierno del país comenzó a “retraer” los sistemas de seguridad social, en vez de fortalecerlos, al tiempo que se incrementó la tercerización del trabajo o outsourcing, lo cual llevó a esta generación de trabajadores a una “absoluta desprotección” de sus derechos básicos.

Como resultado de dicha “contracción del Estado”, hoy en día sólo el 30 por ciento de las personas adultas mayores cuenta con una pensión, la mayoría de las cuales son hombres, pues al analizar de forma desagregada la situación de las mujeres, únicamente el 7 por ciento de ellas logró acceder a ese beneficio, subrayó Montes de Oca.

De la población que sí logró estar pensionada, dijo, sólo una pequeña parte tuvo acceso a esquemas que le garantizaron fondos suficientes para cubrir sus necesidades, por lo que el resto de las personas adultas mayores siguen requiriendo dinero extra para subsistir e incluso muchas de ellas deciden seguir trabajando “hasta que el cuerpo aguante”.

En ese contexto, la investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM recordó que los programas de transferencias condicionadas de recursos a esta población han existido desde gobiernos anteriores para “disminuir la tensión brutal” causada por la pobreza, al tiempo que destacó la importancia de que hoy estos esquemas ya estén reconocidos como un derecho constitucional, y no asociados a un gobierno en particular.

“Lo que significan estos programas es dar certeza a las personas, pagar una deuda social muy fuerte que se fue generando desde décadas atrás. Pero además, posicionas a la persona mayor como un ente visible para el Estado y fomentas el mercado interno, el consumo, que a nivel local es importantísimo”, enfatizó la especialista.

Montes de Oca criticó que algunos sectores pongan en tela de juicio la existencia de los programas sociales para adultos mayores por considerarlos un “gasto”, pero no critiquen los “rescates” a banqueros y empresarios, hechos con recursos públicos.

“Esos argumentos no han cambiado desde los años 90. No están viendo el efecto en el mercado interno, el impacto en el bienestar de la población y de las familias. Hay un absoluto ‘edadismo’ en esos argumentos, porque siempre se cuestiona el apoyo a los viejos, pues en el imaginario discriminador hay que apoyar a los niños y los jóvenes porque ‘son el futuro’, cuando en realidad son parte del presente.

“Es un argumento que carece de humanismo: todas las personas tienen derecho a ser apoyadas en todos los aspectos y etapas de su vida. Los apoyos son válidos porque son una inversión social, no un costo”, recalcó.

Con respecto a la viabilidad a largo plazo de dichos esquemas de ayuda, la académica consideró que si todas las personas pagan sus impuestos y hay una administración adecuada de estos fondos, “el dinero de nuestro país alcanza” para sustentarlos, siempre y cuando sus reglas de operación estén perfectamente claras.

Asimismo, recordó que este tipo de programas de apoyo a los sectores más empobrecidos han sido “muy valorados” por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.