Por CAF

Los Estados modernos destinan una cantidad significativa de su presupuesto a financiar un sistema de transferencias que busca proteger a las personas de determinados riesgos, y a la vez, promover la inclusión y la igualdad. Este sistema de protección social constituye un instrumento indispensable para promover el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo económico y social, más aún en países con grandes desigualdades como los de América Latina. Eventos adversos con fuerte impacto, como la pandemia de la COVID-19, dejan en evidencia la importancia del buen funcionamiento de estos mecanismos de protección, especialmente para las familias más pobres. De la amplia gama de programas que integran la protección social, esta nueva edición del Reporte de Economía y Desarrollo pone su foco en aquellos componentes vinculados a la protección del adulto mayor; en concreto, los sistemas de pensiones y los esquemas de salud y cuidado, así como los aspectos del mercado de trabajo que condicionan la cobertura de estos sistemas y su financiamiento. Este énfasis está justificado y es oportuno. Por un lado, los adultos mayores conforman un segmento de la población particularmente sujeto a riesgos de salud y de insuficiencia de ingresos. Por el otro, estos componentes abarcan una parte importante del gasto público en América Latina, alcanzando, en conjunto, alrededor de 8,5 % del PIB. Finalmente, su carácter oportuno se debe al acelerado envejecimiento que experimentará la región en los próximos años, hecho que supondrá un importante desafío para la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud y pensiones.

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