Por Csaba Feher,  Ignatius de Bidegain1

La contracción económica provocada por la pandemia del coronavirus está dando lugar a una caída de la demanda de mano de obra que, pese a los esfuerzos de los gobiernos por preservar las fuentes de trabajo, no solo reduce las tasas de empleo sino también las tasas de actividad. Concretamente, es posible que los trabajadores de más edad —que son más vulnerables al coronavirus, tienen derechos razonablemente importantes a prestaciones jubilatorias y suelen tener menos probabilidades de reincorporarse al mercado laboral—procuren dejar el empleo de forma permanente y jubilarse.

Además de un posible aumento del número de beneficiarios de jubilaciones, los gobiernos están introduciendo alivios tributarios que reducen los ingresos de las contribuciones a los planes de pensiones.

Todo esto repercute tanto en la sostenibilidad como en la suficiencia del gasto de los sistemas públicos de pensiones, lo cual puede exacerbar las presiones fiscales generales derivadas de la crisis. Los planes de pensiones con régimen de capitalización se ven perjudicados por la crisis la menor rentabilidad reduce el valor de sus activos, mientras que los bajos rendimientos de los instrumentos de deuda pública elevan el valor presente de sus pasivos.

Esto puede generar tanto riesgos fiscales explícitos —en el caso de las garantías soberanas— e implícitos, los cuales se manifiestan en prestaciones más bajas de los planes privados de pensiones o en dificultades financieras para los empleadores que patrocinan los planes. Esta nota se centra en el impacto de la crisis en los sistemas de pensiones y sus consecuencias para las políticas, y se limita esencialmente a analizar los sistemas públicos de pensiones, cuya inmensa mayoría está financiado con sistemas de reparto y de prestaciones definidas

Fuente: Imf.org