Por Carola Pessino & Walter Cont

Frente a beneficios previsionales de los regímenes de capitalización en niveles mucho más bajos que los previstos, los gobiernos de la región de América Latina han logrado garantizar pensiones mínimas a sus beneficiarios; sin embargo, carecen de estimaciones robustas de los pasivos fiscales contingentes asociados a las garantías. Sobre la base de un modelo de microsimulación, en este documento se llevan a cabo proyecciones hasta el año 2100 para Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y República Dominicana. Del análisis realizado, se desprende que asumiendo que no se producen cambios de política estos gobiernos deberían destinar, en promedio, alrededor de 1,2% del PIB para financiar los sistemas de capitalización a partir de 2050, y alrededor de 2,7% del PIB hacia el año 2100. Se destacan los casos de El Salvador, Colombia y Bolivia, cuyos gastos resultarían entre 70% y 120% superiores a la media. A su vez, el porcentaje de pensionados que cobrará la pensión mínima garantizada por parte del Estado se sitúa en la mayor parte de los países entre 75% y 98%. Para concluir, se postulan lineamientos de política que contribuirían a hacer frente a estos desafíos sobre la base de diversos ejercicios de sensibilidad que permiten evaluar los resultados de aplicar reformas paramétricas tendientes a mejorar la sostenibilidad de los regímenes.

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