De los 68 a los 65 años: a partir de ahora, los mayores con menos recursos podrán acceder tres años antes a una pensión universal no contributiva en México, con el fin de evitar situaciones de extrema pobreza. La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el martes (22.10.2024).

Este tipo de ayudas en México se incluyen dentro del programa “Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, uno de los muchos esquemas que existen en América Latina para dar respuesta a situaciones de pobreza en un grupo poblacional en continuo crecimiento.

“Es una buena noticia para México y para las personas que tienen trabajos informales. Es importante que todos conozcan este derecho, que ahora se baja la edad a 65 años, y en las zonas rurales e indígenas a los 62”, valora la medida desde Ciudad de México Marcela Azuela, consultora de Wiego(Mujeres en empleo informal: globalizando y organizando).

“Mientras más pronto, mejor, dar este apoyo a las personas que más lo necesitan. Muchas trabajadoras informales del hogar regresan a sus comunidades después de vivir 20 ó 30 años en las casas de quienes las emplearon, y esta pensión será para ellas una pequeña ayuda”, prosigue Azuela.

De la beneficiencia a las políticas públicas

“Hasta la década de los 70-80, no había una política pública ordenada de protección a los pobres. Los programas contra la pobreza en América Latina los llevaban a cabo las señoras ricas que repartían dinero a los pobres. La pobreza era un problema de la Iglesia, de Cáritas y de las señoras de la beneficencia”, explica a DW desde Argentina Rafael Rofman, economista e investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En los primeros años del siglo XXI, una combinación de factores propició la aparición de programas para mayores: “En los 90 surgió una creciente rama de la política pública vinculada al alivio de la pobreza, con programas destinados a familias. Y en los 2000 comenzó a aplicarse la misma lógica a los adultos mayores. Fue un período de bonanza fiscal por el bum de las commodities en buena parte de los países de América Latina: había plata. Algunos países expandieron su sistema previsional para incluir a quienes habían estado fuera”, prosigue el experto.

Y así, fueron desarrollándose programas en Brasil, Uruguay o Argentina, países que buscaron universalizar la cobertura. Otros, como México, Colombia o Perú abordaron el problema desde otro enfoque, con programas antipobreza para repartir dinero a los mayores vulnerables, entre otros grupos. “Después, México empezó a expandir la cobertura de esos programas hasta llegar a todo el mundo” señala Rofman.

Poca solidez legal

La mayoría de las Constituciones de América Latina recogen la necesidad de un régimen de pensiones contributivas, dirigido a personas que han realizado aportes durante un tiempo determinado de su vida laboral. Ese no es el caso de las pensiones sociales para mayores, cuya existencia depende mucho más de los vaivenes políticos y no cuentan con la suficiente solidez legal; se basan en medidas que tienen escasa jerarquía normativa.

Para Rafael Rofman, es importante trabajar para desligar estos programas de lo electoral, ya que no todos corresponden a una política pública, sino con decisiones de corto plazo. “En muchos casos, se asociaron mucho a estrategias políticas. De hecho, la última reforma en México estuvo muy ligada al proceso electoral. Esto es malo, porque si el Gobierno perdía las elecciones, el nuevo Gobierno hubiera visto probablemente esta medida de apoyo a los mayores como parte del programa electoral anterior, y no como parte de una política pública”.

El futuro de las pensiones sociales

América Latina envejece. La CEPAL estima que en 2024 la cifra de personas a partir de los 60 años es de 94,9 millones, representando el 14,2 por ciento de la población total. Se trata del grupo de edad con mayor crecimiento, y supondrá nada menos que un cuarto de la población total en 2050. ¿Qué futuro les espera a estos programas de ayuda a los mayores? ¿Son sostenibles?

Rafael Rofman está convencido de que van a seguir existiendo “en distintas formas, con contradicciones, con idas y vueltas…”: “Van a seguir funcionando, porque son de muy bajo costo, porque el monto del beneficio que pagan no es muy alto y porque, en muchos casos, cubren solo a los grupos más pobres”.

Aunque las crecientes demandas fiscales puedan hacer tambalear las políticas de bienestar público, Rofman cree estos programas tenderán a transformarse sin desaparecer: “No me asombraría que muchos países avancen en licuar un poco estos haberes y pagar un poco menos. Seguramente irá aumentando la edad en la que se conceden, a medida que la población envejezca, pero esto ya a más largo plazo”, dice el experto.

De lo que sí está seguro es de la importancia de tender la mano desde el Estado a los mayores más vulnerables: “La estructura tradicional de protección familiar se va deteriorando, porque la dinámica demográfica hace que las familias sean cada vez más pequeñas y con menos capacidad de sostener a sus mayores. Si el Estado no interviene, hay un problema de pobreza extrema muy serio”.

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