La suspensión de permisos y la cancelación de contratos amenaza con pérdidas financieras no solo a bancos y empresas, sino también a los ahorros de millones de mexicanos, según el análisis de REDD Intelligence

Más de 5.810 millones de dólares en valores en poder de los fondos de pensiones en México estarían en jaque si el Congreso aprueba el proyecto de reforma energética enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence. Los fondos que administran las pensiones invirtieron en proyectos de energía que nacieron con la reforma del sector eléctrico de la Administración federal anterior, misma que el actual Gobierno quiere revertir para dar al Estado el control del mercado.

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REDD estima que el monto total de la inversión privada en el sector afectado por el proyecto de ley alcanza los 45.000 millones de dólares, de inversores nacionales e internacionales. La cifra que afectaría a los fondos que administran las pensiones de los mexicanos, conocidos como Afores, es menor, pero la pérdida impactaría a los millones de mexicanos que tienen una pensión y no solo a inversores como grandes bancos o empresas.

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“Es solo el 2% de todos los activos que tienen las Afores, pero sigue siendo un mundo de dinero”, explica Xóchitl Herrera, coautora del reporte. “Las Afores ya están cobrando comisiones anuales y encima de estos costos tienes estas minusvalías, que, en su momento, eran una buena inversión, pero ahora, si la reforma pasa como está, es menos dinero para el retiro de los mexicanos”.

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A partir de la apertura del mercado energético en el país en 2013, compañías privadas emprendieron en parques eólicos, solares y proyectos petroleros para los cuales buscaron capital. El 90% del financiamiento de proyectos en energías renovables se hizo a través de deuda, ya sea en bonos u otros instrumentos financieros. Las Afores invirtieron en estos instrumentos financieros por los atractivos rendimientos a largo plazo que prometían una vez que entraran en operación. Ahora, si sus licencias son suspendidas o sus contratos cancelados como tiene contemplado la reforma constitucional de López Obrador, ese dinero se perdería y los afectados serían los jubilados.

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