Por Renata Carranza Acevedo, Julia Romero Herrera

En la tarea de los Estados de garantizar los derechos fundamentales y paliar la desigualdad existen una serie de opciones; una de ellas, la implementación de políticas orientadas a mejorar el nivel de vida de la población; es aquí donde se erige el concepto de seguridad social, pero no entendida como política social impregnada por el asistencialismo sino como una estrategia de gestión del Estado, en la comprensión que la seguridad social es un derecho fundamental. En ese sentido, el presente artículo tiene como finalidad denotar que la seguridad social en materia de pensiones tiene un impacto significativo en la reducción de la desigualdad y que, para ello, es necesario entenderla como una política pública de protección centrada en la persona para la materialización de sus derechos, que cuente con la gestión y el control del Estado a partir de la implementación de medidas redistributivas como la universalización de las pensiones no contributivas, pero de la mano de políticas que tengan como finalidad revertir las causas de la desigualdad estructural que generan la falta de cobertura y suficiencia en torno al acceso a pensiones para las personas mayores, en las que nos centraremos, por ser un grupo en situación de desventaja. Por consiguiente, en primer lugar, delinearemos la relación entre pensión como medida de seguridad social y desigualdad, en segundo lugar, brindaremos un panorama general de cómo se encuentra constituido el sistema pensionario para la vejez en el Perú; y finalmente, analizaremos el actual panorama de cobertura y suficiencia que redundan en la satisfacción del derecho a la seguridad social y en el que las mujeres se encuentran especialmente relegadas, pues las intervenciones estatales tienen que partir de un diagnóstico que identifique los principales desafíos a los que se enfrenta y enfrentará el sistema pensionario.

Fuente: Revistas Pucp