Por Spainsif

La inversión sostenible supuso en España un total de 285.454 millones de euros en 2019. Este tipo de inversión se materializa a través de la aplicación de diferentes estrategias como la exclusión simple, que elimina del universo de inversión actividades controvertidas, la exclusión en base a normas internacionales, la selección positiva de las entidades con mejor desempeño o best in class, y la integración, entre otras. Aunque tradicionalmente la parte ambiental ha supuesto la mayor ratio de la inversión sostenible, los aspectos sociales siempre se han contemplado, con una relevancia creciente en estos últimos años y especialmente en este, que ha quedado marcado por la emergencia sanitaria. Como impulsores de los componentes sociales en la inversión sostenible, procede subrayar la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que incluyen aspectos como acabar con la pobreza y el hambre o alcanzar el crecimiento económico y trabajo digno, entre otros. En cuanto al marco regulatorio europeo, hay que destacar la Directiva de información no financiera traspuesta a la legislación española en 2018, que presta especial atención a los aspectos sociales de diversidad, género, distribución del trabajo, relaciones con partes interesadas y efectos sobre la comunidad, de los que tienen ya obligación de reportar muchas empresas. Aunque no existe una metodología unificada de reporting, y eso complica la comparabilidad además de generar confusión, es reseñable la aportación de las principales iniciativas internacionales en la materia, como son GRI, SASB o IR, que incorporan específicamente los aspectos sociales.

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