La reforma de pensiones, el proyecto estrella del presidente Gabriel Boric, pudiera ser ley en 2025, luego que el oficialismo y la oposición pactaron el mes de enero como plazo de votación en el Senado. Aunque ya no tiene el diseño original del Gobierno, la propuesta discutida desde fines de 2022 por el Congreso sigue sin consenso en todos sus contenidos, especialmente en la distribución de la cotización del 6% adicional a cargo de los empleadores. El economista y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Joseph Ramos (Filadelfia, 85 años) asegura que, aunque esa arista es relevante, existen otros aspectos cruciales que debieran ser considerados si se quiere modificar el sistema previsional, pero que no están incluidos en el debate parlamentario, como la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre la pensión recibida y el salario devengado por el beneficiario en su etapa laboral activa; y un aumento de la edad de jubilación. “Si es que realmente se quiere mejorar las pensiones se deben abordar estos puntos, pero ninguna de las partes políticas está discutiéndolo hasta ahora”, comenta a EL PAÍS.

Ramos, quien ha estudiado los intentos de modificaciones previsionales en Chile, argumenta que la iniciativa impulsada por la Administración de izquierdas no es suficiente para mejorar las condiciones de los adultos mayores, sobre todo en un país que envejece a un ritmo acelerado, aunque reconoce que su aprobación sería mejor ante la posibilidad de continuar sin cambios. “El proyecto es mejor que no tener uno, aunque sospecho que se podría aprobar algo que no dejará contento a nadie”.

Pregunta. ¿En qué ha fracasado el sistema previsional en Chile?

Respuesta. El pecado original es que la cotización fue muy baja desde el día uno, otorgando pensiones mediocres. En el pasado, el sistema previsional dio buena rentabilidad. No obstante, si se cotiza poco [10% del ahorro de las remuneraciones], esto no ayuda mucho y el resultado será que se tendrán bajos montos.

Otro aspecto está en el mercado laboral chileno que, como en todos los países en desarrollo, tiene un importante número de trabajadores por cuenta propia, lo que ha dado lugar a las llamadas lagunas previsionales. Esto quiere decir que algunos trabajadores, en sus 40 o 45 años de vida laboral, sólo han cotizado durante dos décadas. También un elemento significativo es que la esperanza de vida, como era esperado, ha aumentado en Chile. Así, con un mismo monto se financia un periodo más largo de pensiones.

P. Para el Gobierno es clave que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) dejen de existir: ¿Eso es una fórmula errada o factible?

R. No hay ninguna evidencia de que las pensiones subirán si se erradican las AFP. Se quieren eliminar para poder decir que se cambió el sistema, pero es un asunto trivial en cuanto al efecto sobre los montos. El Gobierno argumenta que al separar la administración de la inversión el costo de las AFP, que se financian con comisiones, será más económico. Supongamos que eso sea cierto, la pregunta es cuál sería el resultado: una reducción de un 0,6% de la comisión.

Desde el punto de vista político, ideológico, sí es una acción grande, porque se podrá decir que ya no existen las AFP, tal como se conocen hoy. Pero todo ese cambio de sistema –aun en el mejor de los casos– tiene un impacto mínimo sobre el valor de las pensiones. Y, para ser más correcto, el efecto se vería reflejado sobre el salario porque ese ahorro no se destinará a una mayor pensión, sino que el trabajador pagará una menor comisión cada mes.

P. ¿Dónde debería estar el foco?

R. El Gobierno ni la oposición están discutiendo un tema central: la tasa de reemplazo. Un estudio elaborado por la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuesto (DIPRES) de Chile, publicado en enero de 2024, muestra que las tasas de reemplazo de aquellos que ingresan al mercado laboral chileno en este momento serán 15 o 20 puntos menores a las de los actuales jubilados.

La propuesta de reforma del Gobierno sube las pensiones de los actuales jubilados, pero las futuras serán peores. Se debería crear un sistema para que sea parejo para todas las generaciones.

P. ¿Por qué cree que no se está discutiendo?

R. Políticamente, subir las pensiones de los actuales jubilados rinde mucho. Un joven de 30 años no suele tener interés en este asunto, aunque posiblemente en el futuro su pensión será equivalente al 60% de su sueldo o menos. En cambio, el que ya está jubilado o está por conseguirlo sí está siguiendo la noticia, y desea un aumento significativo de su pensión. El Gobierno y la oposición enfatizan en los actuales pensionados, pero descuidan a los futuros jubilados. Las reformas previsionales planteadas en los gobiernos de Boric, Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) han sido insuficientes.

P. ¿Cuáles son las salidas?

R. Hay alternativas. Sobre la cotización, nadie discute que sea un 6% adicional, incluso podría ser un 7 o el 8%. Es necesario subir las cotizaciones. Es indispensable extender la edad de jubilación, que sea indexada a la esperanza de vida de la población chilena. Es una medida impopular, pero responsable; y al menos es más tragable cuando se encuentra en un paquete donde se está aumentando las pensiones, como en este proyecto discutido en el Congreso. Me parece un pecado no incorporar eso ahora.

Se necesitan acciones para reducir la informalidad o, al menos, lograr que las cotizaciones de los trabajadores por cuentas propias no sean voluntarias, sino obligatorias. Esto debería estar en discusión, pero ninguno de los sectores políticos lo considera y, por distintos motivos, se han centrado en la distribución de la cotización del 6% adicional a cargo de los empleadores: si todo se destina a una cuenta individual –para la oposición es una medida atractiva por ser popular– o, como propone el Gobierno, un porcentaje iría a la solidaridad.

P. ¿Cuál es su augurio sobre el destino de este proyecto de reforma previsional?

R. Creo que como está el proyecto no será aprobado, aunque se tendrá que llegar a acuerdos porque seguir con un 10% de cotización es una aberración. La Pensión Garantizada (PGU), aprobada en el último gobierno de Piñera, ayudó mucho, pero no será suficiente en el futuro. Ahora, lo fundamental con el proyecto del presidente Boric está en concretar un acuerdo en el Senado, un proceso en el cual tienen influencia los partidos políticos.

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