Por Andy Baker, Sarah Berens, Germán Feierherd & Irene Menéndez González

La informalidad es una realidad extremadamente común e importante en América Latina. Los trabajos, los servicios financieros y la propiedad de los hogares de millones de ciudadanos en América Latina son informales—lo cual quiere decir que no son regulados por el estado. Las consecuencias materiales de este fenómeno son bien conocidas en el campo de economía: la informalidad condena a muchos trabajadores a ingresos bajos y precarios con mínima seguridad social, evita que los pobres tengan acceso a los préstamos e instrumentos de ahorro que tanto necesitan, y disminuye la prosperidad general de la sociedad al proliferar la ineficiencia económica1. Algunos politólogos también han explorado las consecuencias de la informalidad económica—y especialmente laboral—, argumentando que su prevalencia debilita la vida organizacional, desalienta la participación política, aleja a los votantes de los partidos y empuja a los pobres hacia la derecha en sus actitudes políticas y preferencias electorales2 . Algunos politólogos incluso argumentan que estos patrones están detrás de la aparente debilidad de los partidos de izquierda y de base trabajadora en la región, lo cual a su vez explica los sistemas de bienestar truncados en la región, los esfuerzos poco convencionales y limitados para ayudar a los pobres y (por tanto) las profundas desigualdades de ingreso en América Latina.

Consigue el libro aquí