Hace más de diez años el país reconoció la urgencia de reformar el sistema pensional. El modelo establecido por la ley 100 de 1993, que consiste en la competencia entre el régimen de prima media que maneja Colpensiones y el de Ahorro individual con Solidaridad que está a cargo de los fondos privados, tiene graves falencias en cobertura, equidad y sostenibilidad. Solo el 25% de los adultos mayores recibe una pensión, lo cual es socialmente inadmisible. El régimen de Colpensiones subsidia todas las pensiones, pero beneficia más a las pensiones más altas, lo cual es inequitativo y regresivo. El envejecimiento poblacional, a lo cual se suma la informalidad laboral que no permite que más de la mitad de los colombianos cotice, está generando presión financiera sobre el sistema y que asciende a cerca del 1,5% del PIB que pagamos los colombianos con nuestros impuestos.

Respecto a la cobertura, es favorable que la reforma transite hacia un sistema de protección social para la vejez, que además del régimen pensional tradicional incluye un componente solidario no contributivo y otro semi-contributivo. El componente solidario tiene como fin proporcionar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica un subsidio monetario igual al umbral de pobreza extrema que, en 2023, corresponde a 223.000 pesos con el objetivo de evitar que cualquier adulto mayor viva bajo dicha pobreza. Este subsidio ya se otorga bajo el nombre de Colombia Mayor y actualmente asciende a 80.000 pesos. Por otra parte, el componente semi-contributivo garantizará una renta vitalicia a aquellos adultos mayores que hayan cotizado entre 300 y 1000 semanas, basada en lo aportado al sistema pensional, lo ahorrado en el Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y un subsidio adicional del 30% para las mujeres y 20% para los hombres. Este sistema lleva poco más de diez años funcionando. Ahora bien, la raíz del problema de baja cobertura en el sistema pensional radica en el mercado laboral debido a una legislación laboral rigurosa que limita la posibilidad de cotización al sistema pensional a aquellos trabajadores con empleo de tiempo completo durante todo el mes y que devenguen al menos el salario mínimo. Esta realidad no aplica a la gran mayoría de los trabajadores, razón por la cual, para incrementar la cobertura pensional la mejor reforma pensional sería una reforma laboral adecuada. Respecto a la cobertura, la reforma pensional incrementa la cobertura y los ingresos para los adultos mayores vulnerables, aunque estos cambios bien podrían haberse logrado por medio de ajustes tributarios sin requerir de una reforma.

En cuanto a las desigualdades, establecer un sistema donde las cotizaciones se repartan entre Colpensiones y fondos privados, con el límite en 2,3 SMMLV, evita que las pensiones más altas se calculen con los parámetros de Colpensiones y, por lo tanto, no reciban subsidios elevados. Las pensiones en Colpensiones se basan en el salario, no en el ahorro, y a mayor salario, mayor es el subsidio otorgado para alcanzar esa pensión. Esta práctica es regresiva, ya que la política pública debería enfocar sus recursos en apoyar a las personas más vulnerables, no a las menos. La reforma atiende este problema de regresividad.

Las discusiones financieras abordaron principalmente dos temas. Por un lado, se trató la decisión sobre la administración de los recursos, si permanecerían en manos privadas o bajo el control estatal, y el peligro de que los gobiernos hicieran un mal uso de ellos. Por otro, la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo fue un punto clave. Respecto al primero, se protegió la gestión de los fondos estatales con la creación de una cuenta especial dirigida por el Banco de la República, aunque aún resta definir la normativa aplicable. Los ahorros en los fondos privados tendrán que hacer frente a una comisión máxima adicional del 0,7%. En cuanto al segundo tema, la reforma no modifica ninguno de los parámetros actuales como la edad de jubilación, el número de semanas de contribución, la tasa de cotización o la tasa de reemplazo; y según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, para 2071 será necesario aumentar en un 3,2% del PIB el gasto en impuestos para cubrir las pensiones.

En conclusión, la reforma pensional trae ventajas frente al sistema anterior, especialmente respecto a las desigualdades. No obstante, persiste el desafío respecto a su viabilidad financiera a largo plazo. Para aumentar la cobertura, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral que permita que todos los trabajadores coticen independientemente de su forma de trabajar.